Hacer justicia: es un compromiso olvidado

La justicia es, a no dudarlo, una de las más añejas aspiraciones de las sociedades humanas. Y la creación de tribunales públicos, encabezados por individuos que actúen en nombre de la justicia, constituye la promesa más largamente incumplida en ese sentido.

No se trata de un planteamiento romántico sino de un recordatorio de la mayor seriedad: las sociedades que aspiran a ser democráticas solamente pueden alcanzar dicho estadio si la justicia deja de ser un concepto etéreo y se transforma en una realidad tangible.

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Creer que ello sea posible, sin embargo, es sumamente difícil cuando se atestiguan casos como el que reportamos en esta edición, en los cuales resulta evidente que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia se encuentran lejos del ideal que perseguimos.

Tal es el caso de quienes integran el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, cuyo actuar se ubica de espaldas a la caracterización clásica de la justicia: una institución que no ve a quienes juzga pues solamente se concentra en la evidencia que se le presenta, la cual pesa en una balanza, para fallar a favor de quien lo merece.

Como se argumenta en el reporte que publicamos, no es el caso en la conducta de Héctor Alejandro Treviño de la Garza, Édgar Humberto Muñoz Grajales y María Guadalupe García de la Fuente, quienes integran el referido Tribunal, pues existe evidencia de su parcialidad.

No constituye novedad alguna el enterarnos de casos como el que hoy ventilamos. Se esperaría, sin embargo, que ante la profunda transformación que está por vivir el aparato de justicia del país, a partir de la reforma judicial aprobada en septiembre pasado, el comportamiento de las mujeres y los hombres de toga hubiera sufrido una modificación relevante.

Por desgracia, eso no ha ocurrido.

Todo hace indicar, por el contrario, que frente a la nuevas reglas, las cuales implican una alta probabilidad de que los actuales impartidores de justicia sean relevados en sus cargos, los apetitos de los que fueron largamente señalados, y a partir de los cuales se construyó el discurso para justificar la reforma judicial, se han exacerbado.

Ejemplos como el de quienes integran el referido Tribunal, que no duda en obsequiar “jueces a modo” de una de las partes en un juicio, sin duda manchan a toda la institución y llevan a la opinión pública a coincidir con quienes han asegurado largamente que el Poder Judicial “está podrido” y por ello no existía más remedio que reformarlo de fondo.

Ninguna generalización es correcta, por supuesto. Y por ello es necesario ponerle nombre y apellido a los casos que, como el señalado, deben conducir a una evaluación puntual de las conductas individuales, a fin de que los desvíos sean castigados y evitar que, a partir de las acciones de jueces desleales a los principios de la justicia, se califique a la totalidad de la institución, pues en ella sin duda también hay personas rectas y honorables.

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