Huachicol y armas, agenda compartida entre México y Estados Unidos

Los medios en México están muy ocupados con el senador Adán Augusto López, mientras que en el gobierno mantienen una postura de control de daños frente al rosario de malas noticias de un verano complicado, y un otoño igual de difícil. Lo más grave es el asunto de la importación ilegal de combustible, un tema que afecta en sus fundamentos al régimen obradorista al dejar expuesta la corrupción.

Quizá por haber ocurrido en viernes, mal día para las noticias, poco se ha comentado que en McAllen, Texas, tuvo lugar uno de los mayores logros de la presidenta Sheinbaum en la relación con Estados Unidos: representantes de seis agencias gubernamentales y sus homólogos del gobierno mexicano celebraron la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México.

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El Grupo se reunirá periódicamente para coordinar las acciones de ambos países y desmantelar los grupos criminales señalados por el vecino como narcoterroristas, poner fin a la crisis del fentanilo, fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito, prevenir el robo de combustible e intensificar las investigaciones y los procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas de fuego ilícitas que alimentan el llamado narcoterrorismo. Se anunció la formación de un grupo de trabajo bilateral para combatir el financiamiento ilícito transfronterizo y cooperar en el decomiso de activos civiles.

Revelador es que el comunicado del Departamento de Estado haya referido a la ratificación de los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como a la confianza mutua.

Es explicable que las autoridades mexicanas presten atención a un evento de la mayor trascendencia. En su interior existe una fundada preocupación por que la agenda de seguridad sea desahogada de manera bilateral, ya que reduce un manejo discrecional, no sólo de las acciones contra el crimen, sino de la persecución de los delitos del pasado reciente. Efectivamente, es sumamente comprometedor abordar el tema de la colusión de autoridades con los grupos criminales y, todavía más, la importación ilegal de combustible desde que la Marina se hizo cargo de las aduanas, y la manera como el dinero ilegal, al menos una parte, pasó al financiamiento de campañas del partido oficial.

Es difícil caminar al futuro sin dar vista al pasado, lo más complicado en el tema del huachicol. Las actividades delictivas asociadas a la importación ilegal de combustibles tuvieron lugar durante varios meses de este gobierno, seguramente porque el segundo piso de la transformación no midió con claridad la corrupción generalizada en el asunto.

El fiscal Gertz Manero ha dado cuenta de buena parte de lo que ocurría, no del todo porque no se ha llegado a los niveles superiores ni al destino del dinero, pero lo conocido es suficiente para saber que el secretario de Marina es responsable en cualquiera de las posibilidades: la mínima, omisión; la peor, comisión. De ser él, también será el responsable de los servicios de inteligencia criminal y, consecuentemente, el presidente López Obrador.

El hecho es que el llamado huachicol fiscal está en la mesa de seguridad convenida con las autoridades norteamericanas. Es importante impedir tal acción criminal, no sólo por el enorme daño patrimonial y económico al país, sino por su poder de corrupción, que llegó a la Marina, la institución más confiable en la lucha contra el crimen. También porque la red de complicidad implica a los gobiernos, empresarios de logística y venta de combustibles y, desde luego, al crimen organizado asociado al narcotráfico.

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La vulnerabilidad de las aduanas y puertos a cargo de la Marina no se limitó a la importación ilegal de combustibles; incluye al narcotráfico y, para efectos de la relación bilateral, a la importación de precursores para la producción de fentanilo a través de grupos criminales declarados organizaciones terroristas internacionales.

Las autoridades mexicanas están haciendo control de daños y por ello un evento de tal relevancia no adquiere relieve. Sin duda, el contrabando de combustible fue una actividad criminal operada por el Estado mexicano, de magnitudes estratosféricas, con las fuerzas armadas como articuladoras de toda la acción criminal, además de la extensa red de complicidades. No se trata de connivencia con los criminales; las instituciones del Estado planearon, dirigieron y ejecutaron la acción criminal.

Mejor centrar la atención en la puesta en marcha de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, una parte del acuerdo relevante y un logro sustantivo de la presidenta Sheinbaum.