Incontenible descomposición

El asunto Rocha Moya revela la descomposición del régimen político. ¿Qué la hizo posible? Es pregunta obligada. ¿Por qué regresó el gobernador al cargo? La pregunta sobre la razón de su segunda licencia es más que obvia y no requiere de más: no contaba con el apoyo de quien institucionalmente es responsable del país y que, por cierto, su intervención ha sido crucial para que no sea detenido y, eventualmente, extraditado para enfrentar la justicia norteamericana.

Rocha Moya regresó al cargo porque se le permitió, porque contó con el aval superior para regresar al cargo, porque se le dejó que siguiera mandando en Sinaloa. No tuvo dificultad alguna para regresar. Calculó mal por todos lados. Su regreso, más que una determinación política, era de corte institucional y en medio de un interés de Estado, porque la soberanía nacional está en riesgo, no tanto por la embestida judicial del vecino, sino porque la ausencia de la legalidad expone al país al interior y al exterior. Quien le alentó, permitió o consintió no tiene el menor sentido del riesgo que enfrenta el país y de las dificultades de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El problema que explica por qué regresó el gobernador al cargo pasa por el deterioro del sentido de legalidad en el régimen político. No fue un accidente esta merma, fue un diseño. En lugar de ver a la ley y a la Constitución como contención propia del sistema democrático, se les entendió como obstáculo, y todavía más a las instancias de autoridad para hacerlas valer, como los órganos constitucionales autónomos, los fallos judiciales y la actuación de la Suprema Corte de Justicia.

El regreso del gobernador fue posible porque no hay sentido de la legalidad; porque se asume que todo proceso judicial está sometido a las necesidades políticas del régimen, que, al menos Rocha Moya, pensó que tenía nombre y dueño; en la realidad o en su imaginario, un paso consecuente con lo que es y representa Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, la presidenta Sheinbaum, el partido, el Congreso y la cúpula política.

El origen de la descomposición del régimen radica en la ausencia de legalidad y de los pesos y contrapesos que no solo ofrecen legitimidad, sino un sentido de dirección y autorregulación institucional. Algo bueno, que no es poco, es la unidad de la cúpula gobernante, el cierre de filas en torno a la presidenta Sheinbaum para llevar al gobernador a una nueva licencia. Más allá de las interpretaciones motivadas por el encono al expresidente, representa el paso más significativo en términos de institucionalidad. Unidad en torno a la presidenta en condición de autoridad suprema, indisputada, no por razones políticas, sino institucionales.

La secuela es predecible y corta en dos planos: la clase morenista se descubre a sí misma como un proyecto unificado en torno a una investidura, no a un líder fundacional, del que no se reniega; simplemente, quien manda lo hace a partir de la formalidad del cargo. El segundo: la presidenta dejará en claro que no hay ruptura o distancia con el proyecto de origen y quien lo personifica, la total adhesión como referente político, no como instancia decisoria que dispute o ignore a quien es, al final de cuentas, la garantía de continuidad.

Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo: la destrucción de los pesos y contrapesos que permitían la autorregulación del régimen político y, entre sus costos, el imperio de la impunidad. El destino del gobernador no es su casa, sino enfrentar la justicia. En la medida en que las instancias de justicia nacionales no actúen, cobra fuerza y legitimidad la exigencia de las autoridades norteamericanas para que los funcionarios bajo sospecha fundada de connivencia con los cárteles clasificados como terroristas enfrenten un juicio en una corte del país vecino.

Irrelevante, en este sentido, que el señor Rocha Moya cuente o no con fuero y cargo; el tema de fondo es la respuesta del gobierno de México a la demanda formal y fundada de detención con propósitos de extradición, asunto que complica el liderazgo político porque se funda en la protección de todo correligionario imputado por EU. Siempre ha habido salida, pero cada vez se aleja como solución. Esta es que quienes se han coludido con quienes han llevado muerte aquí y allá enfrenten el rigor de una justicia confiable y al margen de interferencias políticas.