Coahuila: la anomalía electoral

¿Bastará la popularidad de Claudia Sheinbaum para llevar a Morena a la gubernatura de Coahuila en 2029? ¿O las condiciones del estado volverán a frenar su avance?

Con 2.45 por ciento del electorado nacional, Coahuila tiene un peso relativamente pequeño. Su valor simbólico, sin embargo, es considerable: conquistar la gubernatura significaría poner fin a una continuidad política que, desde los antecedentes del PRI, cumpliría un siglo en 2029. Pero ¿tendrá la cúpula morenista interés suficiente para asumir el costo?

La seguridad podría ser su principal obstáculo. Cuanto más atribuya la ciudadanía la tranquilidad al gobierno estatal, mayor será el temor a que una alternancia la deteriore. Y si la cooperación federal ya ofrece beneficios sin cambiar al partido gobernante, el incentivo para votar por Morena será menor.

Durante la 37.ª Cabalgata de Sabinas, Manolo Jiménez apareció sonriente, junto a su yegua Nubecita, y afirmó que la seguridad permite realizar estos encuentros. Su declaración condensó uno de los argumentos más poderosos de su gobierno: la tranquilidad hace posible recuperar la convivencia y disfrutar del espacio público.

Coahuila obtuvo el primer lugar nacional en percepción de seguridad: el 71.5 por ciento de la población se siente segura y el 27.8 por ciento percibe inseguridad, la proporción más baja del país. También encabezó la seguridad percibida por las mujeres (ENVIPE-INEGI, 2026).

La violencia letal ofrece otra medida. Las estadísticas de defunciones por homicidio del Inegi, publicadas en 2025, muestran que Coahuila pasó de mil 160 casos en 2012 a 120 en 2024: una disminución cercana al 90 por ciento.

Estos resultados dimensionan el modelo impulsado por Rubén Moreira, apuntalado por Miguel Riquelme y fortalecido por Jiménez. La continuidad institucional, la coordinación federal y los recursos para cuarteles, arcos de seguridad, vehículos y equipamiento constituyen una fuente central de legitimidad del gobierno estatal.

La narrativa oficial refuerza esa legitimidad al atribuir a las autoridades locales la conducción del modelo. Transmite, además, un mensaje electoral: no hace falta votar por Morena para contar con el respaldo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

El argumento puede encontrar eco entre quienes temen que la alternancia ponga en riesgo su seguridad personal, familiar y patrimonial. La memoria de los años más violentos sigue presente. También pesa el contraste con la inseguridad en entidades gobernadas por Morena como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora o Zacatecas, por ejemplo.

La experiencia del terror en Coahuila dejó cicatrices colectivas aún abiertas. Para una gran parte del electorado, el temor a perder la tranquilidad puede pesar más que las insatisfacciones con sus autoridades y el deseo de alternancia.

Otra particularidad es el voto diferenciado. Un ciudadano puede valorar los programas federales y preferir continuidad en seguridad y administración municipal: votar por Morena en una boleta y por el PRI en otra.

Esta diferenciación encuentra respaldo en el trabajo del gobernador, los alcaldes priistas y una estructura partidista con presencia territorial en los 38 municipios del estado. La elección de junio de 2026 mostró esa fortaleza: la coalición PRI-UDC ganó los 16 distritos de mayoría relativa.

Jiménez podría ampliar esa base mediante una coalición de empresarios y ciudadanos alrededor de la seguridad, inversión y empleo. Si esos beneficios son reconocidos, su respaldo podría trascender la estructura priista.

Morena cuenta con una base electoral considerable, pero el apoyo a su marca nacional no equivale a organización territorial ni a cohesión interna. Sus divisiones y dificultades para acordar candidaturas son proverbiales. Hoy no tienen un candidato capaz de unificar a sus grupos e inspirar confianza para preservar la seguridad pública en Coahuila.

Seguridad, memoria del miedo, voto diferenciado y organización territorial podrían mantener a Coahuila como una anomalía: el respaldo federal a Morena no se traduciría en una victoria estatal.

La ventaja no está garantizada; podría erosionarse si regresa la inseguridad, se deteriora la economía o si una mala decisión sucesoria por parte del gobernador fractura al gobierno estatal. El riesgo para la continuidad priista podría surgir desde dentro. ¡Cuidado!