Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar

TORREÓN, COAH.- La detención de José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y de su esposa Martha Rodríguez Romero representa “el principio de la justicia” y es resultado de una investigación que se inició a partir de la denuncia presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró el senador Luis Fernando Salazar Fernández.

En entrevista exclusiva para VANGUARDIA, el legislador federal sostuvo que la denuncia original estuvo relacionada con presuntas irregularidades y el posible desvío de recursos públicos federales que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura para el abastecimiento de agua en Torreón.

Salazar Fernández explicó que su participación se limitó a presentar la denuncia y posteriormente aportar información adicional, pues, como legislador, no tiene intervención en la integración de las carpetas de investigación ni en las determinaciones de la autoridad ministerial.

Recordó que el 9 de junio de 2026 dio a conocer públicamente un esquema mediante el cual, según su denuncia, habrían sido desviados más de 66 millones de pesos de recursos federales entregados al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón para el mantenimiento de bombas y pozos.

Cuatro días después, el 13 de junio, llevó el tema al Senado de la República y posteriormente amplió la denuncia ante las autoridades federales con nuevos elementos.

INVESTIGACIÓN SIGUIÓ LA RUTA DEL DINERO

De acuerdo con el senador, al advertirse que se trataba de recursos de origen federal, la investigación avanzó y la FGR solicitó información a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de seguir la ruta del dinero.

Salazar Fernández consideró que el tiempo transcurrido antes de las detenciones responde precisamente a la complejidad de las investigaciones financieras y a la necesidad de establecer el destino de los recursos.

La indagatoria, señaló, quedó radicada bajo la carpeta FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.

Precisó que no todas las personas detenidas hasta el momento fueron señaladas originalmente por él, pues algunos nombres habrían surgido conforme avanzaron las investigaciones realizadas por las autoridades federales.

La denuncia inicial, añadió, se concentró en el presunto desvío de más de 66 millones de pesos destinados al mantenimiento de pozos y equipos de bombeo. Hasta ahora, dijo, desconoce si la investigación incorporó recursos correspondientes a otros ramos federales o si durante las diligencias se detectaron conductas distintas.

“Yo fui denunciante”, sostuvo el legislador al señalar que corresponde exclusivamente a la FGR determinar responsabilidades, formular imputaciones y establecer el alcance de la investigación.

Salazar Fernández afirmó que uno de los aspectos que consideró más graves fue que los recursos señalados estaban destinados a infraestructura hidráulica precisamente cuando diversos sectores de Torreón enfrentaban problemas de abasto de agua.

Mencionó que, tras la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto y los cambios efectuados en SIMAS Torreón, se hizo pública la complicada situación financiera del organismo operador, cuyo pasivo supera los 2 mil millones de pesos entre distintos compromisos y proveedores.

Para el senador, estos antecedentes deben ser esclarecidos por las autoridades para determinar si existe relación entre el manejo de los recursos denunciados y las condiciones financieras que enfrenta actualmente el sistema de aguas.

‘NO ES UNA VENDETA POLÍTICA’

Ante las versiones que atribuyen una lectura electoral o política a las detenciones, Salazar Fernández rechazó que se trate de una vendetta o persecución contra el exfuncionario municipal.

Argumentó que la denuncia fue presentada desde hace más de un año y que durante ese periodo la FGR desarrolló investigaciones, solicitó información financiera y reunió elementos antes de proceder contra los involucrados.

“No es una persecución política”, sostuvo, al señalar que, desde su perspectiva, lo que debe esclarecer es el presunto desvío de dinero federal que estaba destinado al municipio de Torreón.

La detención de Ganem Guerrero y Rodríguez Romero generó durante este domingo diversas reacciones políticas y sociales en La Laguna, mientras continúan las diligencias de las autoridades federales.

Salazar Fernández consideró que el operativo podría representar solamente una primera etapa y que será la propia investigación la que determine si existen responsabilidades de otros exfuncionarios o particulares vinculados con la administración municipal anterior.

El senador señaló que en la denuncia inicial no solamente hizo referencia a Ganem Guerrero, sino también a otras personas presuntamente relacionadas con movimientos financieros que, a su juicio, debían ser investigados.

Entre los nombres mencionados por el legislador se encuentra el del exgerente del SIMAS Torreón, Roberto Escalante González, así como José Feliciano, identificado por el senador como una persona cercana al matrimonio detenido y a quien atribuyó movimientos bancarios que forman parte de sus señalamientos.

También afirmó que dentro de la información entregada a la autoridad aparecen operaciones relacionadas con un sindicato del organismo operador y otras personas vinculadas con la pasada administración, hechos cuya posible responsabilidad deberá ser determinada por la autoridad ministerial y, en su caso, por un juez.

INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA

Además de Ganem Guerrero y su esposa, el senador aseguró que existen otras personas detenidas dentro de las diligencias relacionadas con el caso, mientras las autoridades federales continúan con las investigaciones.

Respecto a las versiones sobre un posible traslado de Ganem Guerrero a un centro penitenciario federal en el Estado de México, será la autoridad competente la que determine su situación jurídica, las medidas cautelares correspondientes y el lugar donde deberá permanecer durante el proceso.

Salazar Fernández insistió en que las detenciones no significan el cierre del expediente, sino una nueva etapa dentro de una investigación que, afirmó, comenzó con la denuncia por el presunto desvío de recursos federales.

Para el legislador, las diligencias deberán llegar hasta donde conducen las pruebas, independientemente de los cargos públicos, relaciones políticas o posiciones que hayan ocupado las personas involucradas.

“Esto es el principio de la justicia”, afirmó al sostener que el objetivo debe ser esclarecer el destino de recursos que originalmente estaban destinados a atender una de las principales demandas de los habitantes de Torreón: el abastecimiento de agua.