Justicia desigual en México: Los pueblos originarios también tiene derecho a un juicio justo

Las 68 lenguas madre que se hablan en México desde antes de la Conquista tienen la misma validez que el idioma español, pero a la hora de que un ciudadano de pueblos originarios requiere recibir justicia en un proceso penal tiene el problema de que las fiscalías correspondientes la imparten de manera incorrecta, pues los individuos originarios no cuentan con intérpretes y entonces están destinados a sufrir penas de cárcel que no deberían tener.

En la Ciudad de México ya se tiene una organización de intérpretes interculturales a la que la Fiscalía capitalina, por cierto, debe dinero; pero los hablantes de lenguas originarias cuentan con ellos. Imaginemos lo que ocurre en un proceso penal en entidades federativas como Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, donde no existen intérpretes que apoyen a ciudadanos de pueblos originarios.

Chiapas cuenta con siete lenguas maternas y allí la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se encuentra colaborando con el Gobierno del estado de Chiapas en la Escuela de Lenguas, situada en San Cristóbal de las Casas, en la capacitación de 35 intérpretes en juicios orales con conocimientos jurídicos en materia penal y civil, que incluyen temas de derecho agracio, testamentos y órdenes de justicia.

Este esfuerzo no es algo menor, pero es aislado considerando el resto del territorio nacional. Para fortuna, el responsable de programas de la Agencia Española tiene una gran experiencia y sensibilidad. El pasado jueves tuve una reunión con Víctor Aznar Kleijn que tuvo como propósito conocer lo que este organismo de cooperación hace a favor de los pueblos originarios chiapanecos.

Me comentó que desean escalar el esfuerzo, le propuse que una población que bien pudiera ser susceptible de replicarlo es la rarámuri. La Agencia Española también se encuentra trabajando en el tema del agua con la población maya de la región Puuc, al sur de Yucatán, a sabiendas de que en el subsuelo existe mucha agua, pero que es contaminada por malos manejos de los desechos. Le comenté a Aznar que bien podía replicarse ese esfuerzo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, donde la mayor parte de los ciudadanos son mayas que requieren mejorar la administración de su agua potable.

Pero el programa de la Agencia Española que me pareció más poderoso es el dedicado a mujeres refugiadas víctimas de violencia de género y que tiene el objetivo de su inserción laboral y social. Lo hacen apoyados desde la ACNUR, que es la agencia de la ONU dedicada al tema. Para ellas, ya se tiene un convenio con la Cámara Española de Comercio para dar empleo formal en empresas españolas en México a estas mujeres con todas las prerrogativas de ley. Recomendé a Víctor Aznar una reunión con la presidenta de la Canacintra, a la que seguramente le importará de sobremanera el tema. Ella es la profesora Esperanza Ortega Azar, nacida en Campeche y a quien no le resulta invisible la problemática migrante y las aristas que aparecen en esta, como es el caso de las refugiadas que han padecido violencia.

Pero el tema de la justicia se encuentra muy desgastado en México ahora con la próxima huelga de trabajadores del Poder Judicial, encarando la propuesta morenista de que los jueces y magistrados sean nombrados de manera pública. Por supuesto, todos tenemos alguna experiencia negativa que ha partido de jueces, porque algunos de ellos han ofertado veredictos a cambio de dádivas, pero también existen jueces dignos e incorruptibles. En todo caso habría que hacer “una limpia” de aquellos que no sean imparciales, como sucede en el sector privado cuando despiden a colaboradores que caen en prácticas de corrupción.

Me alegra mucho que los ejes torales de la Agencia Española de Cooperación sean las políticas públicas, los derechos humanos y la igualdad, género y cohesión social, así como los temas ambientales. Espero que llegue Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos porque estaría rompiendo una barrera de género y seguramente se identificaría con las mujeres refugiadas que han sido violentadas.