La ampliación del contrato de Aguas de Saltillo; transacción premeditada, con alevosía y ventaja

Para un negocio que alcanza varios cientos de millones de pesos al año, a pesar de que por naturaleza es de interés público, resulta demasiado riesgoso someterse a la consideración del escrutinio ciudadano respecto a su continuidad o finalización. El contrato original de la empresa paramunicipal que administra el agua de los saltillenses, les otorgaba únicamente 3 años adicionales para continuar explotando la economía familiar de los ciudadanos. De esta manera, un simple recordatorio de que la lucrativa operación estaba próxima a su final, inquietó a la élite política local y a sus cobeneficiarios ibéricos.

El 19 de octubre, se sometió al Cabildo de Saltillo una solicitud para la ampliación del contrato de Aguas de Barcelona con el municipio, la cual fue firmada por Ernesto López Denigris, presidente del consejo de administración de Aguas de Saltillo. ¿La excusa? la construcción de un acueducto al sur de la ciudad. Ese mismo día, el Cabildo remitió la solicitud a la Comisión de Hacienda para su evaluación. Generalmente, un asunto de este tipo tarda varios meses en atravesar los procesos administrativos, si bien le va; sin embargo, y casualmente, el 30 de octubre a tan solo 11 días, esta solicitud fue aprobada.

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Meses de análisis del proyecto, mesas de trabajo, comisiones, evaluaciones, estudios y todo un protocolo fue deliberadamente y con urgencia pasado por alto. Una clara omisión que en cualquier otro caso podría ser propia de un descuido, pero no en esta ocasión, no cuando está en juego tanto dinero, no cuando se trata del recurso natural más valioso con el que cuentan los Saltillenses.

La premeditación en este acto se hace evidente al analizar su ejecución. Fue una maniobra meticulosamente planeada, estudiada y configurada para lograr una aprobación rápida y discreta. El propósito principal fue evitar generar cualquier ruido posible para así evadir algún tipo de oposición, incluso la velocidad con la que se llevó a cabo, sugiere que se buscaba aprobar el asunto antes de que pudiera convertirse en un tema de debate público extenso, evitando así cualquier posible resistencia a sus intereses.

Hay alevosía cuando se sorprende intencionalmente a alguien de improviso, una ampliación de contrato que aún tenía 3 años de vigencia podía esperar su término para realizar una correcta evaluación, la renegociación y en su caso, la ampliación de este. Pero al obtener una ampliación tres años antes, esto tomaría por sorpresa a las organizaciones en defensa del agua, a la opinión pública y a los grupos políticos antagónicos.

Aprovecharon la ventaja; más vale pájaro en mano que ciento volando. Hoy, los números en el Cabildo mantienen en una posición de poder al régimen político nonagenario, mañana quién sabe. Necesitaban utilizar esta ventaja actual para aprobar sin problemas cualquier asunto. En 2026, la situación política podría cambiar, y ante la incertidumbre del escenario político actual, temen perder su capacidad de decisión por adelantado. Además, la influencia casi total que ejercen sobre gran cantidad de medios de comunicación es ideal para mantener el clima social sin mayor exabrupto.

El actuar voraz y precipitado del ayuntamiento de Saltillo denota los profundos intereses que Aguas de Saltillo representa para la élite del PRI en Coahuila. Una administración irresponsable y omisa que pondera beneficios económicos particulares sobre el derecho al agua, el derecho a la información y la democracia participativa de los saltillenses. Estos intereses llevaron al alcalde de Saltillo a actuar en la semiclandestinidad, obviando asuntos cruciales que incumben a la administración municipal, los cuales deberían ser aclarados y expuestos al debate público. Entre ellos, se encuentran temas por los que, en el futuro, se verá en la obligación de rendir cuentas:

1.- Aumento de las tarifas para los consumidores, imposición de recargos excesivos en las reconexiones (que además violan la legalidad) y elevados costos en los contratos, alcanzando en ciertos casos hasta los 12 mil pesos.

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2.- Acceso desigual al servicio, personas de escasos recursos con cortes en el suministro de agua debido a recibos imposibles de pagar, individuos que viven en asentamientos irregulares o remotos y llevan muchos años sin poder acceder al agua, y dado que no representan un rédito significativo para la empresa, su derecho humano al agua es ignorado.

3.- Explotación y agotamiento del acuífero Saltillo sur: las empresas privadas no tienen la misma responsabilidad social esperada de las instituciones públicas, lo que puede conducir a la sobreexplotación del recurso hídrico, comprometiendo el futuro de nuestras comunidades y su entorno natural. Para una empresa transnacional, la rentabilidad económica es prioridad número uno, y el cuidado de nuestro acuífero no figura como una de sus metas primordiales. Una vez que el agua en Saltillo se agote, podrán trasladarse a otros lugares para seguir haciendo negocio. Asimismo, la privatización conlleva una pérdida de control y supervisión por parte del municipio, generando una falta de regulación adecuada para proteger el medio ambiente y los intereses de Saltillo.

La más reciente afrenta del régimen neoliberal local hacia el pueblo de Saltillo, constituye una escalada en la serie de excesos que la actual administración ha ejercido y en los que ha sido evidenciada, y es que ahora la situación se vuelve más grave pues con estas acciones el municipio busca perpetuar prácticas de neocolonialismo y saqueo. Si bien no se están llevando el agua hacia las potencias europeas, sí existe una enorme fuga de capital que se resiente como un déficit en el dinamismo de la economía local, además fomenta la acumulación por despojo, una modalidad de acumulación que tiene como sustento la depredación y mercantilización de los recursos naturales locales, (en este caso el agua, que deja de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía) incluyendo la privatización de servicios e infraestructura social, la extracción de bienes naturales y el acaparamiento de propiedades.

Hablamos de un desplazamiento de personas que han nacido y vivido por generaciones en Saltillo. Y esto se debe a la existencia de un neocolonialismo que sirve como herramienta para apoderarse del agua, desplazar la mano de obra e imponer su tecnología, ya que según ellos, antes de su llegada, nosotros no contábamos con los recursos técnicos ni humanos para administrar racional y responsablemente el agua de Saltillo, lo cual resulta irrisorio si pensamos que lógicamente somos nosotros los más interesados en administrar correctamente el recurso que proviene de nuestra tierra. Los españoles llegaron con la excusa de proporcionar eso que según ellos nos faltaba pero terminaron enseñándonos cómo hacer negocio con un recurso importantísimo y vital, cosa que antes de ese momento, era un bien público, uno que ahora es un derecho. Este mismo desplazamiento de los nacidos y crecidos aquí, provoca que se use irracional e irresponsablemente el agua, suministrándola primordialmente a las grandes empresas y no al pueblo de Saltillo. Somos nosotros quienes tenemos el derecho prioritario al ser quienes hemos generado vínculos socio afectivos con nuestra tierra, cuando somos quiénes nos quedaremos al final con un problema de agua en el momento en que los españoles hayan terminado su negocio y se retiren para buscar ganar más dinero en otros lugares, ya que para ellos el agua es una mercancía y para nosotros, la vida.

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Las aguas del Saltillo.

Hace casi 500 años, exploradores españoles que atravesaron cientos de kilómetros del semidesierto de Aridoamérica, se toparon con un pequeño salto de agua emanando de un cerrito. Este manantial abastecía arroyos que daban vida a un valle encajonado entre colinas y montañas. La llegada de los europeos significó la apropiación inmediata y el monopolio en la administración de este cuerpo de agua, ignorando por completo las opiniones de las comunidades originarias. Pueblos nómadas habían adaptado por milenios su estilo de vida al ecosistema que se formó alrededor de este manantial y sus voces no fueron consideradas.

Señor alcalde José María Fraustro Siller: después de medio milenio, en una época en la que se reconocen y protegen los derechos humanos, y en un supuesto régimen democrático que promueve la participación ciudadana, ¿no deberían todas las voces de los habitantes del valle de Saltillo ser consideradas en el porvenir de nuestra agua?

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