La candente cuestión de la Guardia Nacional

Cuando se presentan acontecimientos relevantes en la vida pública es importante ver qué relación guardan con diversos hechos que aparecen de manera simultánea, o casi simultánea, para tratar de encontrarles alguna posible conexión causal o para tratar de entenderlos y darles una interpretación correcta.

Es el caso de la declaración que el lunes de la semana pasada, 8 de agosto, hizo el presidente López Obrador con relación a la Guardia Nacional (GN). Fue en el sentido de que esa misma semana emitiría un decreto (que hasta la fecha no se ha expedido) para hacer que la GN quede adscrita y bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, ukase que sería doblemente violatorio de disposiciones expresas de la Constitución.

Tal declaración presidencial, hecha en la conferencia mañanera del lunes 8, como ya se dijo, fue formulada en seco. Es decir, no se suscitó con motivo de algo específico que la haya provocado. Vino a cuento por nada. No se hizo para intentar explicar o justificar algo que estuviera presente en el momento o en los días previos. Pudiera parecer más bien como una repentina ocurrencia del Presidente o de algo que ya trajera en la cabeza y en ese momento le pareció conveniente soltar.

De plano se descarta esa hipótesis de ser una mera ocurrencia presidencial del momento. Porque si bien es cierto que el actual Gobierno ha llegado a extremos increíbles de improvisación y desparpajo, verdaderamente demenciales, más nos conviene considerar que en este caso se trató de algo programado y con previsión y cálculo de eventuales reacciones.

El hecho es que en el curso de los tres días posteriores a esa declaración del Presidente se produjeron hechos violentos, de barbarie inaudita, en opinión de algunos de franco terrorismo, en cuatro estados de la República, en apariencia sin causa o razón suficiente para la desproporcionada magnitud que tuvieron.

Apenas el día siguiente, martes 9, miembros de la delincuencia organizada incendiaron tres vehículos en el municipio de Zapopan, Jalisco, después de una balacera sostenida con elementos del Ejército. Ese mismo día y en la madrugada del siguiente se registró el incendio de más de 20 vehículos y 29 tiendas llamadas de conveniencia en diez municipios del estado de Guanajuato.

Luego siguieron, el jueves 11, hechos aún más violentos en Ciudad Juárez y Tijuana, con muerte de al menos 10 civiles inocentes y otros tantos lesionados, así como el incendio de vehículos y comercios, todo lo cual sembró terror entre la población.

¿Tuvieron alguna relación estos acontecimientos con la previa e inesperada declaración presidencial? ¿Cuál fue el verdadero propósito de López Obrador al hacerla? Aunque él ha mencionado la descabellada versión de que las organizaciones criminales lo que tratan es de hacerse propaganda, lo que seguramente nadie cree, en su conferencia mañanera del viernes 12 hizo referencia al artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional que creó la GN, publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2019, que a la letra dice:

“QUINTO. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Los cinco años se cumplirán en marzo del 2024. Es decir, en plena campaña presidencial. Si las cosas siguen como hasta ahora, éste será entonces, sin duda, un tema candente, por lo que la posición que asuma López Obrador frente a aquél podrá eventualmente afectar a su candidato. Por ello es de suponerse que se trata de una cuestión que el Presidente preferirá que tenga una vía de salida antes de la contienda electoral. Sin embargo, sea ahora o entonces, AMLO enfrentará una rotunda oposición a esa medida.

@jagarciavilla