La corrupción sistémica en la 4T
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La corrupción hoy es un instrumento de control y mantenimiento de lealtades para los ‘de casa’, así como un arma de competencia electoral para descalificar a los adversarios
La corrupción en México, en el ámbito político, no debemos interpretarla como un asunto moral individual. Es todo un sistema de contubernios y complicidades, practicado en el ámbito político y gubernamental, que ha contaminado la vida pública y hasta la vida cotidiana de la sociedad.
Dejar robar a los militantes del propio partido cuando ocupan un cargo relevante –y hasta a los de la oposición– ha sido una estrategia para mantener el control y el manejo de lealtades, tradicionalmente ejercitado por quien está en la cúspide del poder político. La gente con un pasado turbio se vuelve manipulable.
La diferencia entre cómo se practicaba antes, en los tiempos neoliberales, asumiendo una actitud relajada y permisiva frente a la corrupción, contrasta con el modo cínico y abusivo como se ejerce hoy.
En los tiempos neoliberales hubo un importante trabajo ciudadano y político para dotar de independencia a las instituciones judiciales y, por tanto, siempre existía la posibilidad de que, ante excesos, la justicia fuese efectiva y se castigase la corrupción, aun en contra de los miembros del partido en el poder, como sucedió con los cinco gobernadores priistas encarcelados durante el gobierno de Peña Nieto.
En contraste, en estos tiempos de la “justicia del acordeón”, el aparato judicial está totalmente subordinado a quienes gobiernan y se presta a utilizarlo con fines políticos. Así se ha extorsionado a gobernadores de la oposición, amenazándolos con abrirles carpetas de investigación para acusarlos de corrupción y, de este modo, obligarlos para que durante las campañas electorales trabajen a favor de Morena a cambio de impunidad y, si cumplen las expectativas, hasta se les premia.
Hoy, en tiempos morenistas, se ha desmantelado todo el sistema institucional que generaba transparencia y garantizaba la supervisión ciudadana, como lo hizo el INAI. Con ello, teníamos expectativas de que a futuro lograríamos construir un país donde se podría extirpar el cáncer de la corrupción. Seguramente en esa época también había corrupción –era evidente–, pero era más discreta.
En contraste, hoy vemos que en las obras “capricho” de López Obrador florecieron los negocios realizados con sobreprecio, y no sólo eso, vemos cómo se protege a quienes participaron de ellos catalogando la información como “reservada” e impidiendo así que los costos se hagan públicos.
Todo el sistema de concurso público para asignación de obras a los contratistas, en este régimen de la 4T, se sustituyó por asignaciones directas a los amigos y familiares.
López Obrador, que construyó su campaña alrededor de la promesa de erradicar la corrupción, en contraste, permitió que esta floreciera, llegando a niveles nunca antes vistos.
La corrupción hoy es un instrumento de control y mantenimiento de lealtades para los “de casa”, así como un arma de competencia electoral para descalificar a los adversarios de los candidatos de la 4T, pues hurgando en su pasado, se logra coaccionarlos para que acepten la derrota con la amenaza de acciones judiciales si no lo hacen. A mayor corrupción, mayor control político.
El único modo de cortar con esta cloaca es que en las próximas campañas electorales participen candidatos con una trayectoria personal limpia, que los blinde de coacción y posibles amenazas.
Hoy, que los partidos de oposición están evaluando candidatos para las elecciones del 2027, es el momento de entender que la calidad moral y el pasado limpio son un importante capital para un candidato, que luego será gobernante o legislador.
Si las campañas hoy son de desgaste y la estrategia competitiva se basa en enlodar al oponente, significa que quien gana es quien sale mejor librado del lodazal. Por ello, una trayectoria limpia y transparente significa fortaleza competitiva.
Los partidos de oposición deben impulsar como candidatos a gente sin pasado político y con calidad moral. Sólo así se logrará romper el círculo vicioso de la corrupción que se convierte en debilidad competitiva.
La oportunidad de construir una nueva política la tenemos enfrente. ¿La aprovecharemos?
PROPIEDAD INTELECTUAL Y LEY ANTIMEMES
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) protege la propiedad intelectual de personas e instituciones privadas. Su finalidad es garantizar la propiedad para su explotación comercial. Resguarda logotipos, marcas, símbolos, entre otros productos que deben convertirse en patrimonio de personas e instituciones.
Sin embargo, las instituciones de servicio público, como lo es el gobierno, no generan patrimonio ni siquiera para la institución gubernamental, pues los propietarios de esos derechos somos todos los mexicanos. Evidentemente, nadie puede utilizar un bien público para su beneficio particular. Por ejemplo, nadie puede usar el logo de Pemex para fines comerciales, ni directa ni indirectamente.
Sin embargo, la reproducción y difusión con fines informativos de símbolos, emblemas, logos, eslóganes y cualquier elemento utilizado para comunicar la identidad de instituciones gubernamentales (o del servicio público) no puede restringirse, pues es un derecho ciudadano y de la sociedad civil.
Por tanto, el argumento de proteger a los símbolos, emblemas, logos, eslóganes utilizados en el servicio público respecto de la “piratería”, creando nuevas leyes, suena a ignorancia y genera sospechosismo sobre las intenciones que están detrás de este proyecto legislativo.
El artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, fracción VII, impide registrarlos por particulares y el artículo 386, fracción XIX, contempla sanciones por usarlos como marcas.
Sin embargo, utilizarlos para informar, documentar o comentar sobre una institución no significa utilizarlos como marca. Las disposiciones anteriores no prohíben la reproducción ciudadana del tipo que fuere.
Por tanto, esta ley, denominada popularmente como “antimemes”, está desenfocada al apoyarse en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que interpreta la propiedad como un bien patrimonial y en el servicio público este concepto no opera.
Las prisas y las carreras de los legisladores morenistas por quedar bien con la Presidenta los están llevando a pifias como esta, que además pone en evidencia la superficialidad de sus juicios.
¿A usted qué le parece?
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