La decisión de Claudia Sheinbaum

A lo largo del último año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado acciones cruciales sobre el crimen organizado. No sólo bajo la presión de agencias de seguridad de Estados Unidos, sino también con resistencias de facciones internas del obradorismo, opuestas a que se afecten intereses germinados en el pasado inmediato.

Dos aspectos clave de esta tensión doméstica están a la vista. El primero, el abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El segundo, las investigaciones sobre el huachicol fiscal, que han desnudado un velo protector de mandos militares y del ámbito político, al grado de que se implica a parientes directos del expresidente López Obrador y del exsecretario de la Marina, Jorge Rafael Ojeda.

Reportes de inteligencia confirman que “El Mencho” vivió largos periodos en la zona turística Tapalpa, destino de fin de semana de las familias acomodadas de Guadalajara, a la vista de los exalcaldes de la capital tapatía y luego los gobernadores Enrique Alfaro y Pablo Lemus, ambos emecistas. Mandos militares y agencias de seguridad federales tampoco se habrían dado por enterados durante años sobre la ubicación del capo.

Según estos informes, la decisión de actuar contra Oseguera provino del gobierno mexicano. La petición de ayuda a Estados Unidos fue realizada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, e incluyó usar el sofisticado dron “Predator B”, operado por la CIA. Cuando la nave no tripulada reveló la presencia de “El Mencho” en un conjunto de cabañas turísticas, el Ejército asumió el mando de la operación, por su capacidad de fuego ante un muy probable enfrentamiento.

Todavía hay preguntas sobre lo ocurrido en el país en esas horas, pero lo que está a la vista es el estridente episodio en que las cabañas fueron dejadas al alcance de la prensa. La conclusión es que alguien quería exhibir la existencia de las llamadas “narconóminas” de “El Mencho” (que implican, entre otros, a los gobiernos de Jalisco y Chiapas, que encabeza el morenista Enrique Ramírez), antes de que el área fuera asegurada por la Fiscalía federal, a cargo de Ernestina Godoy, quien reviró con un confuso comunicado que parece anticipar que las “narconóminas” serán invalidadas judicialmente.

El caso del huachicol fiscal es aún más complejo. Una jueza federal ordenó profundizar en las indagatorias y darle acceso al expediente a los abogados de Manuel Roberto Farías Laguna, imputado junto a su hermano Fernando, prófugo.

El tema ha sido tratado con pinzas desde el inicio. El 19 de marzo de 2025 fue detenido en Tampico el buque “Challenge Procyon”, cargado con 10 millones de litros de carburantes contrabandeados. Pero el anuncio oficial no se hizo sino hasta el día 31. Pese a una pequeña montaña de evidencias de que se hallaban implicados militares y políticos de muy alto nivel, Palacio tomó de nuevo una decisión. La bomba estallada ha llevado a intentar una dosificación de las consecuencias, lo que es cada vez más difícil.

En febrero, el espacio radiofónico de la periodista Carmen Aristegui reveló un audio en el que un mando de la Marina, el contralmirante Fernando Guerrero, denuncia, en junio de 2024, una mafia de huachicol ante el titular de la Armada, Rafael Ojeda. Reportes disponibles indican que ese audio fue generado por Ojeda como parte de un protocolo interno, pero que desde la propia Marina fue filtrado.

Informes de inteligencia apuntan en el sentido de que el citado Fernando Guerrero se reunió con el actual almirante secretario Raymundo Morales Ángeles, en octubre de 2024, en albores del nuevo gobierno, y que de tal encuentro también existe un audio, hasta ahora inédito. Un mes después de ello, Guerrero fue asesinado en Manzanillo por un sicario que viajaba en motocicleta.