La defensa de Europa demanda procesos de financiación y compra conjuntos

Por Ulrike Malmendier, Tim Hermann, Philipp Hauber y Claudia Schaffranka, Project Syndicate.

BERLÍN- Europa enfrenta el desafío estratégico más difícil desde el final de la Guerra Fría. La invasión rusa de Ucrania, los planes de Estados Unidos para Groenlandia, la creciente fragmentación geopolítica y una carrera armamentística cada vez más rápida en el área de la tecnología ponen de manifiesto lo mal preparada que está la Unión Europea para afrontar los problemas de seguridad actuales.

Aunque los presupuestos de defensa europeos han tenido un marcado aumento desde 2015 (y sobre todo desde 2022), el refuerzo de capacidades ha sido muy lento e ineficaz. Una de las razones es que los países miembros de la UE no actuaron de manera coordinada. Los procesos de compra pública, investigación y financiación se mantienen en general en las órbitas nacionales. Esta fragmentación genera ineficiencias, amplía las diferencias de capacidad y afianza la dependencia respecto de proveedores extracomunitarios, justo cuando la UE necesita reforzar su autonomía estratégica.

Hoy la UE sigue siendo muy dependiente de los Estados Unidos para su seguridad. En 2023, casi el 80 % de las compras en el área de la defensa se hicieron a países ajenos al bloque (con predominio de los Estados Unidos). Es común que los países europeos desarrollen o adquieran sistemas similares en paralelo. La pequeñez de los volúmenes de compra nacionales impide el acceso a economías de escala, y la divergencia de estándares técnicos obstaculiza la interoperabilidad. El resultado es duplicación en vez de resiliencia.

Lamentablemente, la UE ha hecho poco por mitigar esta fragmentación en los procesos de compra pública para defensa. Las adquisiciones militares siguen en gran medida exentas de las normas del mercado único, lo que perpetúa la dependencia del bloque respecto de los Estados Unidos en áreas clave como los sistemas misilísticos, los aviones de combate y la defensa aérea.

El creciente empeoramiento de la relación con los Estados Unidos convierte en necesidad estratégica cambiar este statu quo. Una aplicación más rigurosa de las normas que ya rigen en la UE para las compras públicas puede ayudar a crear un auténtico mercado único de materiales de defensa. Un aumento de la integración aceleraría el desarrollo tecnológico, mejoraría la capacidad de producción y reduciría los precios mediante una mayor competencia entre las empresas europeas de defensa. La coordinación en el nivel de la UE (en particular mediante la agregación de la demanda) reforzaría el poder de negociación del sector público, lo que permitiría adquirir mayores volúmenes por menos dinero.

Lo primero es que la Comisión Europea haga cumplir las normas vigentes de la UE y redirija las compras públicas hacia proveedores europeos (idealmente, sobre una base de estándares técnicos comunes). Una forma de institucionalizar estas medidas sería crear un Mecanismo Europeo de Defensa (MEDD), que sería una institución intergubernamental inspirada en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Se ha presentado hace poco una importante propuesta de crear un MEDD que podría supervisar la agregación de la demanda, coordinar la compra conjunta y financiar activos estratégicos con alta intensidad de capital mediante contribuciones de los países participantes basadas en el uso. Este esquema reduciría la carga para los erarios nacionales y se podría extender a socios extrabloque como el Reino Unido.

También es necesario que la UE reforme la contratación en materia de defensa. Lo tradicional en la compra de materiales de defensa ha sido usar modelos de fijación de precios basados en sumar al costo un margen de ganancias. Estos modelos están pensados para limitar la imposición de márgenes excesivos, pero ofrecen pocos incentivos a la eficiencia de costos, la entrega a tiempo o la innovación. Las empresas pueden trasladar los sobrecostos a los gobiernos, y rara vez se penalizan los retrasos.

El resultado es que el modelo de contratación para la defensa que hoy usa la UE no es adecuado para una era de evolución acelerada de la tecnología militar. Pero las autoridades de la UE pueden superar las debilidades actuales adoptando un sistema basado en resultados que establezca criterios e incentivos medibles.

Para reforzar las capacidades de defensa también hay que invertir más en investigación y desarrollo. Estados Unidos dedica a I+D más o menos el 16 % de su gasto en defensa, mientras que el promedio de la UE es menos de 5 %. Esto vuelve al bloque más dependiente de las innovaciones estadounidenses y le resta capacidad para mantener la competitividad en tecnologías críticas como los sistemas autónomos y la inteligencia artificial.

Una solución podría ser la creación de iniciativas europeas conjuntas. Por ejemplo, un homólogo europeo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) de los Estados Unidos con capacidad para aunar recursos, financiar proyectos de alto riesgo y alta recompensa y acelerar avances tecnológicos que ningún estado miembro podría lograr por sí solo.

Pero hace falta más que coordinación. Los estados miembros de la UE enfrentan una diversidad de restricciones fiscales, lo que limita su capacidad para hacer aportes equitativos. Como muestra el gráfico que aparece a continuación, los países más cercanos a Rusia han aumentado considerablemente el gasto en defensa, mientras que otros han chocado contra niveles de deuda más altos o resistencias políticas. La asimetría resultante puede crear un problema de parasitismo, en el que algunos países soporten una carga desproporcionada.

En este contexto, la Comisión Europea respondió con una flexibilización temporal de las normas fiscales de la UE. En virtud de la cláusula de excepción nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los estados miembros pueden aumentar el gasto en defensa sin que se active el procedimiento de déficit excesivo. Pero hasta ahora sólo ha usado esta opción alrededor de la mitad de los países de la UE. Es evidente que depender únicamente de los presupuestos nacionales (incluso con normas fiscales más laxas) no permitirá alcanzar el nivel de inversión en defensa necesario.

Reconocer la defensa como un bien público implica reconocer también que su financiación debe estar en el nivel de la UE. La financiación conjunta ayudaría a superar las restricciones fiscales nacionales, internalizar beneficios transfronterizos y reducir ineficiencias en los procesos de compra pública. El MEDD propuesto pondría en práctica estos principios mediante la provisión de financiación a corto plazo para activos de defensa hasta que la propiedad pueda transferirse a los estados miembros, además de financiar adquisiciones a gran escala mediante la emisión de bonos.

La financiación conjunta debe tener detrás un marco fiscal creíble que proteja contra el riesgo moral y mantenga la estabilidad financiera. Por eso cualquier medida en dirección a instrumentos como los eurobonos debe ir acompañada de una arquitectura fiscal sólida capaz de gestionar crisis de deuda soberana en forma ordenada, algo para lo cual sería útil una reforma del MEDE que permita proveer de apoyo temporal a los países endeudados, junto con un mecanismo de reestructuración de deudas soberanas. Tal vez no sea posible diseñar y poner en práctica lo que los economistas llaman first best (la mejor opción), una arquitectura creíble y totalmente adaptada a los mecanismos de incentivos. Pero si seguimos eludiendo la necesidad de trabajar en la «segunda mejor opción», podría ocurrir que la geopolítica nos obligue a recurrir a soluciones de financiación mucho peores.

La elección que enfrenta Europa es clara: aferrarse a políticas nacionales fragmentadas que aportan poco y tarde, o reconocer la defensa como un bien público y buscar soluciones en el nivel de la UE. La compra conjunta, la financiación compartida y la innovación coordinada no son ambiciones ideológicas sino respuestas pragmáticas a un panorama de seguridad que ha cambiado. Si Europa quiere que se la tome en serio como actor geopolítico, sus aspiraciones en el área de la defensa deben ir acompañadas de instituciones y mecanismos de financiación que tengan capacidad para hacerlas realidad. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Ulrike Malmendier, integrante del Consejo Alemán de Expertos Económicos (CAEE), es profesora de Finanzas en la Universidad de California en Berkeley. Tim Hermann es economista en el CAEE. Philipp Hauber es economista en el CAEE. Claudia Schaffranka es directora del Centro de Políticas en la Universidad de Leiden/SAFE.