La ‘disputa’ entre México y los Estados Unidos por el agua

La semana anterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza a nuestro país: o les entregamos el agua que adeudamos −en el marco de un tratado internacional sobre el tema, firmado en 1944− o impondría aranceles −y otras sanciones− a nuestro país.

La amenaza es una que se veía venir debido a dos elementos que se encuentran sobre la mesa: nuestro país ha tenido un histórico problema con el vecino del norte en este rubro y los rancheros texanos, que son quienes reclaman el agua, pertenecen al núcleo duro de votantes de Trump.

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Diversas voces, entre ellas la de la investigadora saltillense Rosario Sánchez, advirtieron que la crisis no tardaría en estallar debido a una circunstancia que no ha hecho sino agravarse en los últimos años: el caudal del Río Bravo se ha perdido en un alto porcentaje y el agua disponible alcanza cada vez para menos, en ambos lados de la frontera.

El problema para nuestro país es que las reglas del Tratado de 1944 −que comprende las aguas compartidas de los ríos Colorado y Bravo− son desfavorables para nosotros en el lado del Bravo y, además, históricamente hemos sido ineficientes en el manejo de dicho recurso.

Así pues, aun cuando la presa internacional Amistad, ubicada en el municipio de Acuña, se encuentra en uno de sus niveles históricos más bajos, el gobierno de Estados Unidos ha reclamado que se le entregue el agua que le adeudamos y la administración de Claudia Sheinbaum ha decidido conceder.

Tal decisión se ha traducido en que, desde el domingo pasado, se incrementara la extracción de líquido, de 18 a 120 metros cúbicos por segundo, a fin de que nuestros vecinos del norte puedan tomarlo aguas abajo.

Tal acción ha provocado la reacción del gobierno municipal de Acuña el cual, a través de un comunicado, ha advertido que el incremento en la extracción “amenaza directamente el abasto de agua para nuestra gente, pone en riesgo las actividades productivas de la región y afecta de manera severa al ecosistema que depende de esta fuente vital”.

Al mismo tiempo, la administración que encabeza Emilio de Hoyos Montemayor ha solicitado la intervención del Gobierno Federal y planteado “la instalación urgente de una mesa interinstitucional en la que participen los tres órdenes de gobierno, expertos en el manejo del agua, productores, representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, con el fin de tomar decisiones sostenibles, equitativas y con visión de futuro”.

No se puede estar más de acuerdo con el alcalde acuñense en el planteamiento: lo que se requiere, para resolver a largo plazo el conflicto de las aguas compartidas entre México y Estados Unidos, es justamente la construcción de soluciones conjuntas que tengan como característica el ser “sostenibles, equitativas y con visión de futuro”.

Por desgracia, la muy prolongada relación internacional y, sobre todo, las circunstancias actuales, no dan para ser optimistas en el futuro inmediato y lo único que sí puede anticiparse es el agravamiento de la crisis.