La economía de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles

Por Stephen S. Roach, Project Syndicate.

NEW HAVEN- El Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo lo correcto al dictaminar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) “no autoriza al presidente a imponer aranceles”. La mitad de la mayoría conservadora del Tribunal se ha enfrentado por fin a la descarada extralimitación del poder ejecutivo por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El Tribunal, alegando “no tener competencia especial en materia de economía o asuntos exteriores”, se mantuvo dentro de sus límites, tal y como dicta el artículo III de la Constitución de Estados Unidos, y se centró únicamente en la legalidad de las políticas arancelarias emblemáticas de Trump. Su decisión, tomada por 6 votos a 3, con tres conservadores uniéndose a los tres jueces liberales del Tribunal, situó efectivamente al Estado de derecho como árbitro definitivo de una política económica desastrosa.

El argumento del Tribunal se basa en un principio sencillo que los estadounidenses aprenden desde el principio de su educación: en virtud de la doctrina de la separación de poderes, la Constitución otorga la potestad tributaria exclusivamente al Congreso. La consecuencia lógica es que, a pesar de las absurdas protestas de la Administración Trump, los aranceles son, en realidad, impuestos que gravan a las empresas y los hogares estadounidenses. Como escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en la opinión mayoritaria, el Tribunal no estaba dispuesto a permitir una “expansión transformadora de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria”.

Sin pretender tener ninguna competencia especial en materia jurídica (aparte de tener una pequeña oficina en la Facultad de Derecho de Yale), me veo obligado a opinar sobre las implicaciones económicas de la sentencia, que coinciden con el razonamiento subyacente del Tribunal por tres razones fundamentales.

En primer lugar, los déficits comerciales no son la «emergencia» que Trump afirma, su justificación para invocar la IEEPA y ejercer imprudentemente el garrote arancelario. Estados Unidos ha registrado déficits comerciales anuales en productos manufacturados desde 1976. El año pasado, a pesar del fuerte aumento de los aranceles ahora ilegales de Trump, el déficit comercial estadounidense en bienes alcanzó un nuevo récord de 1.2 billones de dólares.

La verdadera emergencia es la extraordinaria falta de ahorro de Estados Unidos. La tasa de ahorro interno neto cayó hasta un 0.2 % del ingreso nacional en 2025, según las estimaciones. Sin ahorro interno para financiar el crecimiento económico, Estados Unidos debe importar el excedente de ahorro del extranjero y incurrir en un enorme déficit comercial y de balanza de pagos para atraer este capital extranjero. Debido a los enormes y persistentes déficits presupuestarios federales, favorecidos por las propias políticas de Trump, la anémica trayectoria del ahorro promete enormes déficits comerciales en los próximos años.

En segundo lugar, los aranceles perjudican a las empresas y a los consumidores estadounidenses. A pesar de las ridículas afirmaciones de Trump en sentido contrario, los aranceles no los pagan los países extranjeros, sino que son derechos que pagan los importadores por las mercancías a su llegada a Estados Unidos. La principal disidencia a la opinión mayoritaria, redactada por el juez Brett Kavanaugh, afirma que “el Congreso normalmente busca otorgar al presidente una autoridad y flexibilidad sustanciales para proteger a Estados Unidos y al pueblo estadounidense”. Los aranceles de Trump han hecho lo contrario.

Una investigación reciente realizada por economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que casi el 90 % de la carga económica de los aranceles ha recaído sobre los consumidores y las empresas estadounidenses. Aunque esta investigación fue injustamente desacreditada por el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, eso es más un reflejo del carácter adulador de Hassett, un rasgo común entre los principales funcionarios económicos de Trump. En realidad, las conclusiones de la Reserva Federal coinciden con lo que han revelado la mayoría delosdemásestudiosserios que evalúan el impacto de los aranceles de Trump.

Por último, hay que tener en cuenta importantes implicaciones globales. Trump no solo es muy crítico con la globalización y con los “globalistas” que apoyan un sistema comercial mundial basado en normas, sino que su mantra “America First” (Estados Unidos primero) ha apuntado directamente a las alianzas que durante mucho tiempo han sido tan beneficiosas para Estados Unidos. Europa y la OTAN son sus principales objetivos (su diatriba contra ellos en la reunión de Davos de este año fue solo la más reciente), pero no son los únicos. Trump también amenaza con rescindir el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que celebró como un gran logro político en su primer mandato.

El 54 % del comercio estadounidense de productos manufacturados se realiza con Europa, Canadá y México. Estados Unidos comercia con estos países por necesidad, no porque, como insiste Trump, los globalistas tengan un plan secreto para socavar a Estados Unidos. Estados Unidos debe pagar el precio del capital extranjero si quiere seguir creciendo, y ese precio se refleja en el comercio transfronterizo, incluida la gran eficiencia de las cadenas de suministro globales.

Los aranceles de Trump han supuesto un shock para el sistema comercial mundial. Aunque han desplazado la composición del déficit comercial estadounidense de países con aranceles elevados como China, el déficit global se mantiene en niveles récord, lo que supone una carga para los fabricantes y los trabajadores estadounidenses. Pero romper los vínculos con Europa, Canadá, México y China no es la solución. Solo desviaría sus flujos comerciales hacia otros lugares, reduciendo así la eficiencia y las ventajas en materia de seguridad que ha obtenido Estados Unidos. Como era de esperar, en un arranque de ira tras la sentencia del Tribunal Supremo, Trump impuso un nuevo arancel global temporal del 10 %, que posteriormente aumentó al 15 %.

El Tribunal no abordó estas consideraciones económicas al pronunciarse sobre el amplio régimen arancelario de Trump, ni intentó evaluar la validez de la llamada emergencia necesaria para activar una acción de la IEEPA. Aun así, la estrecha conclusión de que los aranceles basados en la IEEPA son inconstitucionales envía un importante mensaje a la clase política estadounidense y al resto del mundo: las políticas estadounidenses no pueden personalizarse según los caprichos de un aspirante a autócrata vengativo y desinformado.

Al final, Roberts lo expresó mejor: «Lo que sugiere el sentido común, lo confirma la práctica del Congreso». El Tribunal dejó claro este punto al defender el estado de derecho. ¿Cuándo emitirán su propio veredicto la economía y los mercados financieros estadounidenses? Copyright: Project Syndicate, 2026.

Stephen S. Roach, miembro del cuerpo docente de la Universidad de Yale y ex presidente de Morgan Stanley Asia, es autor de Unbalanced: The Codependency of America and China (Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).