La fe pública, ¿está a la venta del mejor postor?

Una de las actividades públicas que han sido entregadas para su ejecución a particulares es la de certificar la veracidad de ciertos hechos, de forma que tengan validez jurídica. Para ello, el Estado entrega a profesionistas del Derecho una autorización, un fíat que los dota de la capacidad de dar fe, de certificar la autenticidad de documentos y/o sucesos.

Se trata de una actividad sumamente relevante, sobre todo en el mundo de los negocios en el cual la actividad notarial encuentra una de sus más importantes áreas de oportunidad: la constitución de sociedades mercantiles o civiles, la suscripción de contratos de todo tipo y la legalización de todas las operaciones de compraventa de inmuebles pasan por la fe notarial.

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Justamente por ello, quienes son considerados para ejercer dicha función deben ser profesionistas del Derecho. No puede dejarse en manos de quien no conoce dicha ciencia el delicado proceso de hacer constar acuerdos con repercusiones legales de gran envergadura.

El rigor, la precisión y, sobre todo, el recto actuar en el ejercicio de la actividad, se alzan así como elementos que deben distinguir al notario público. No puede concebirse la función notarial sin tales atributos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición y que retrata una arista más de la maquinación urdida para privar ilegalmente de la libertad al Director General de esta casa editora: el aparente uso de la fe pública para “fabricar” evidencia que sirve a propósitos ilegales.

Como se ha informado con anterioridad, el “acusador” en el caso contra nuestro Director General es “un fantasma”, alguien a quien nadie ha visto... salvo el notario público saltillense Luis Ramos Escalante.

El fedatario, según los documentos que obran en la carpeta de investigación que el Ministerio Público de Nuevo León integró, “certificó” un par de diligencias que la presunta “víctima” realizó en Saltillo y que, por tratarse de actas notariales, fueron tratadas con el carácter de pruebas.

Nada tendría de raro que una persona acuda a un notario para solicitar que le certifique un documento o dé fe de su asistencia a un lugar. La sospecha surge cuando el mismo notario y el mismo “fantasma” aparecen juntos, en otro caso, interactuando para generar actos legales que terminan con el despojo de su edificio a la Sociedad Manuel Acuña.

Se trata de una muy extraña coincidencia que resulta muy difícil pasar por alto; una alineación de hechos que convoca a la sospecha e invita a mirar con mayor detalle, a formular preguntas y a demandar que se realice una revisión a fondo de la forma como se ejerce la función estatal delegada en el servicio notarial.

Porque si de algo no existe duda es de que el caso contra el Director General de VANGUARDIA fue una fabricación. Y esa fabricación cobró visos de verdad merced a la intervención de un notario público que “certificó” los dichos y hechos de un individuo a quien nadie más ha visto.

Imposible no generar suspicacias.