La imparcialidad

La imparcialidad es semejante a la objetividad en el sentido de que debe entenderse más aspiración que realidad. Ambas son imposibles porque las personas y, por lo mismo, los servidores públicos, funcionarios judiciales y fiscales, además de falibles son producto de valores, ideologías y actitudes que imposibilitan un terreno de neutralidad. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la imparcialidad es una aspiración necesaria y genuina a la que deben corresponder las autoridades y quienes participen como autoridad de la justicia.

En un entorno de polarización la imparcialidad es considerada por quienes la instigan como una farsa, una manera encubierta de parcialidad. Por lo mismo, demandan posturas públicas en las que se precise de qué lado se está, sin ambages ni complicaciones. La cuestión es que el ejercicio del gobierno, la justicia y la representación del Estado obligadamente demandan imparcialidad. Es evidente que para quien hace del proyecto propio expresión de la nación o del Estado, la imparcialidad es, además, engaño, traición. La lealtad al proyecto debe ser total, sin importar condición, investidura, tarea, mandato o responsabilidad.

El presidente López Obrador combate frontalmente y con todos los recursos a su alcance todo aquello que no está sometido a su mando. De esta manera, el Poder Judicial Federal y sus integrantes, la oposición legislativa, los órganos autónomos, periodistas independientes, las organizaciones civiles, empresas y empresarios, los movimientos sociales independientes del gobierno son objeto de severa admonición o descalificación. El problema se complica cuando la parcialidad es reproducida por el otro.

Una respuesta virtuosa de imparcialidad en órganos colegiados ha sido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de su reforma en 1995, en su conjunto, más allá de la “parcialidad” de algunos de sus integrantes en asuntos particulares. De la misma forma ha sido el Consejo General del IFE, ahora INE, especialmente en su autonomía plena a partir de la reforma de 1996. Hay evidencia sobrada para juzgar en sus determinaciones al órgano colegiado de decisión, sanción y gobierno en materia electoral. Lo mismo aplica al Tribunal Electoral. Lo alcanzado adquiere relieve con el estado de cosas previo al punto de partida. A partir del profesionalismo y la imparcialidad el INE y la justicia electoral han sido una de las grandes realizaciones de reforma institucional del México y columna vertebral del sistema político nacional.

La suma de parcialidades en los órganos colegiados no genera imparcialidad. La fórmula de designación de los integrantes del Consejo a través de la negociación entre las fracciones parlamentarias (expresión de parcialidad) y con el voto calificado de los miembros presentes de la Cámara ha producido, en la abrumadora mayoría de los casos, un resultado deseable porque los designados han sabido sobreponerse al juego de intereses implícito en el proceso de designación. Que una mayoría así lo entienda y practique en el Consejo inhibe la parcialidad de algunos de sus miembros.

La comisión Venecia del Consejo de Europa ha alertado sobre el riesgo de emprender una reforma constitucional al sistema de designación de los integrantes del Consejo General del INE y magistrados del Tribunal Electoral en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal. Recurrir al voto ciudadano en su designación entraña el mayor de los riesgos y sobre politiza una designación en la que debe prevalecer el perfil profesional y ético del funcionario y no la capacidad para concitar adhesiones de los votantes.

El presidente está en su derecho de opinar y creer sobre la situación pasada o actual del INE, pero el Constituyente Permanente debe tener un criterio con visión de Estado. No está por demás comparar la manera en que el INE y el Tribunal actúan y resuelven respecto a cómo su propio partido decide la selección de candidatos. Recurrir a la encuesta, caso de Morena, es una coartada por la imposibilidad de organizar procesos democráticos confiables.

El INE y el Tribunal cuentan con la opinión favorable de los ciudadanos mexicanos respecto a su confiabilidad. La pluralidad, con la excepción de López Obrador, avala su desempeño. Por lo mismo, sería absurdo modificar lo que está funcionando bien y que tanto esfuerzo y tiempo tomó, para así aventurarse en una visión fundada en el prejuicio y el agravio imaginario del líder.