La injusticia detrás de las pensiones en México

Hay una ironía brutal en el sistema de pensiones mexicano: después de trabajar durante décadas, una persona puede descubrir que su esfuerzo no le alcanza para vivir dignamente. Cumplió con sus obligaciones, sostuvo a su familia y contribuyó a generar riqueza, pero al llegar al retiro se le explica que su pensión depende de cuánto logró acumular. Como si los salarios bajos, la informalidad y las interrupciones laborales fueran errores personales.

Esta es una de las grandes injusticias del sistema: convertir un problema estructural en una responsabilidad individual. El trabajador carga con las consecuencias de un mercado laboral desigual y, cuando el ahorro resulta insuficiente, la explicación parece estar en su propia cuenta. Sin embargo, una pensión no es una inversión cualquiera: es también una expresión de justicia social y de responsabilidad colectiva hacia quienes dedicaron su vida a una actividad productiva.

En 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, Chile introdujo un sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por entidades privadas. La propuesta prometía que cada trabajador acumularía recursos para financiar su retiro. México adoptó años después una estructura semejante: la reforma a la Ley del Seguro Social, aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 y vigente desde julio de 1997, estableció cuentas individuales administradas por las Afore (Administradoras de Fondos para el Retiro) para los trabajadores incorporados al nuevo régimen.

El problema no era reconocer la importancia del ahorro, sino suponer que este bastaría para resolver las necesidades de una sociedad profundamente desigual. La cantidad que una persona puede acumular depende de su salario, de la continuidad de sus cotizaciones, de su acceso al empleo formal y de las responsabilidades familiares que asume. No tienen las mismas oportunidades quien cotiza durante décadas con ingresos estables y quien alterna desempleo, informalidad y trabajos precarios. ¿Podemos llamar justo a un sistema que trata como iguales a personas que nunca tuvieron las mismas oportunidades para ahorrar?

En México, los bajos salarios y la informalidad no son excepciones: forman parte de la realidad de millones de trabajadores. Quien cotiza de manera intermitente acumula menos; quien gana poco tiene menor capacidad de ahorro; quien dedica años al cuidado de familiares puede enfrentar obstáculos para construir una trayectoria laboral formal. Finalmente, esas desigualdades reaparecen durante la vejez en forma de pensiones insuficientes.

Y cuando el ahorro no alcanza, la necesidad no desaparece. Las familias terminan cubriendo alimentación, medicamentos, vivienda y cuidados con sus propios recursos. También aumenta la presión sobre los programas públicos y las finanzas del Estado. El riesgo se presenta como individual mientras todo marcha bien; cuando la protección falla, sus consecuencias se convierten en un problema colectivo.

Esto no significa que las Afore sean inútiles ni que el ahorro individual carezca de valor. Lo que pone de relieve es que el éxito financiero de un sistema no se traduce automáticamente en bienestar social. Una economía puede administrar enormes recursos y, al mismo tiempo, condenar a parte de sus trabajadores a una vejez vulnerable. La pregunta central no es únicamente cuánto dinero acumulan los fondos, sino qué protección reciben las personas y qué desigualdades reproduce el sistema. La rentabilidad de las cuentas no puede sustituir la obligación de garantizar una vejez digna.

Las reformas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaron corregir algunas deficiencias del sistema pensionario mediante mayores aportaciones patronales y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, las cuentas individuales permanecieron como eje del modelo, dejando pendientes desafíos relacionados con la informalidad laboral, las cotizaciones discontinuas y el financiamiento futuro.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de garantizar pensiones suficientes y sostenibles. Esto exige una política integral que articule mejores salarios, empleo formal, aportaciones empresariales y garantías públicas. Una pensión insuficiente genera dependencia económica, sobrecarga familiar y pérdida de autonomía, por lo que su costo social debe formar parte de la discusión.

Una pensión digna no es una concesión, sino una exigencia de justicia social. El verdadero éxito de un sistema pensionario no se mide únicamente por los recursos que administra, sino por su capacidad para garantizar una vejez digna a quienes contribuyeron durante su vida al bienestar de la sociedad.

En ese sentido, la vejez digna no debería depender de haber nacido en una familia con recursos, de disfrutar de un empleo formal durante toda la vida o de contar con un salario suficientemente alto para ahorrar. Tampoco puede depender de la voluntad de cada gobierno para anunciar un nuevo programa.

Si el trabajo contribuye a generar riqueza para toda la sociedad, la protección durante el retiro no puede quedar enteramente subordinada a la capacidad individual de acumular capital. México necesita un sistema que combine ahorro, aportaciones patronales, garantías públicas y mecanismos solidarios; que amplíe la cobertura, reduzca las brechas de género y transparente sus resultados y costos.

La verdadera prueba de un sistema no está en cuánto dinero mueve, sino en qué tan bien protege a quienes trabajaron para sostenerlo. Después de una vida de trabajo, la vejez no puede convertirse en un examen de resistencia económica ni en una negociación permanente con la pobreza. La pregunta no es si México puede darse el lujo de garantizar pensiones dignas. La cuestión es cuánto le cuesta a una sociedad permitir que quienes contribuyeron a construir su riqueza lleguen al final de sus vidas sin la seguridad económica que merecen. Así las cosas.