La justicia de Coahuila se somete al ‘fuerte y arbitrario’

Opinión
/ 11 diciembre 2024

La defensa de los valores de la democracia es una tarea siempre inacabada que debemos asumir de forma cotidiana, porque los déspotas siempre están al acecho

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.

La frase anterior, atribuida a José María Morelos y Pavón, “El Siervo de la Nación”, suele encontrarse en los muros de los edificios que albergan a los poderes judiciales de nuestro país, entre ellos el de Coahuila.

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Se trata, sin duda, de un apotegma que sintetiza −de forma incluso poética− la aspiración central que debe animar a cualquier sociedad que pretenda ser democrática: la igualdad.

Y es que en una “comunidad de iguales”, para usar la acepción acuñada por el académico estadounidense Owen Fiss, son las instituciones públicas, fundadas en la aspiración de igualdad entre las personas, las que resuelven con imparcialidad las controversias que, naturalmente, surgen entre individuos y entre estos y el Estado.

Conviene recordar, en este sentido, el contexto histórico en el cual la frase citada habría sido pronunciada o puesta en blanco y negro: el desarrollo de la Guerra de Independencia, que buscaba liberar a los mexicanos del estatus de súbditos de la corona española.

Y conviene recordarlo porque se trata de una expresión que dejó claro, desde los albores de la patria, el anhelo por construir un entramado institucional cuyo propósito fuera igualar a los individuos, es decir, reconocerles los mismos derechos y dotarles de mecanismos eficaces para hacerlos valer.

Por desgracia, más de dos siglos después de haber conquistado la libertad, las pulsiones autoritarias y el despotismo en el ejercicio del poder público siguen siendo vicios característicos en el actuar de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas de nuestro país y, en ello, hay que contar a Coahuila.

Esto implica que “el fuerte y arbitrario” siguen sometiendo a las instituciones públicas e imponen sus intereses −a través de testaferros− por encima de los criterios que dicta no solamente el Derecho, sino la lógica más elemental.

O, para decirlo con las palabras de Morelos, implica la inexistencia, en los hechos, de instituciones capaces de cumplir con el sueño del Siervo de la Nación: que los tribunales de justicia en efecto escuchen, amparen y defiendan a quien “se queje con justicia”.

Que tal sea la realidad de nuestros días dice mucho de lo poco que hemos avanzado en el propósito de construir una sociedad democrática, pero también dice mucho de la forma en que se desdeñan, desde las instituciones públicas de Coahuila, las lecciones de nuestra propia historia.

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En VANGUARDIA estamos comprometidos con la defensa de los valores de la democracia y por ello hemos desplegado, a lo largo de casi medio siglo, esfuerzos orientados a contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria.

Hoy estamos resistiendo el embate del despotismo de quienes pretenden sujetar las instituciones públicas de nuestro Estado a los caprichos del “fuerte y arbitrario”. Confiamos en que habremos de prevalecer.

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