La neurodiversidad desde una perspectiva de derechos humanos

Una sociedad se caracteriza por muchas cosas; una de ellas es la diversidad que la compone. Estos aspectos distintos se pueden encontrar en un sinfín de elementos como la cultura, las tradiciones, las creencias y los valores particulares de ese entorno. En este orden de ideas, las personas neurodiversas también forman parte de ello.

El término neurodiversidad surge derivado de la necesidad de visibilizar la existencia de una variedad de maneras en las que el cerebro puede funcionar. Esta gama de diferencias abarca condiciones como el autismo, el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o la dislexia, por ejemplo.

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A través de la implementación del nuevo término se intenta iniciar un cambio en la sociedad para que se acepte y reconozca la existencia de características cerebrales distintas. También se busca dejar de lado la creencia de que hay un funcionamiento correcto en el que todos deben encajar.

Actualmente, hay dos conceptos importantes que se relacionan con el tema, el primero de ellos es el denominado “neurotípico” que se refiere a un funcionamiento cerebral que se considera como tradicional o lo que “debería ser” dentro de la sociedad; por otro lado, se encuentra lo “neurodivergente”, donde el funcionamiento ya no se ajusta al estándar general.

Precisamente por lo anterior es por lo que se ha incentivado que exista una visión del funcionamiento cerebral como algo diverso. Es decir, considerando que como sociedad podemos ser diferentes en muchas cosas, también lo podemos ser en los procesos cognitivos; y esa diferencia no debe ser ignorada, atacada o excluida.

A partir de este argumento, existe un debate que cuestiona si la neurodivergencia debe ser considerada o no como una discapacidad. La postura que niega a las personas neurodivergentes como personas con discapacidad retoman las ideas de la socióloga Judy Singer, quien rechaza la idea de que el espectro autista sea asociado con la discapacidad.

Por el contrario, hay quienes afirmar que ser neurodivergente sí debería considerarse como discapacidad. Esta idea se sostiene en el hecho de que la discapacidad se traduce en las barreras creadas por la sociedad e impiden un desarrollo total de las personas en igualdad de condiciones.

Presentar un funcionamiento cognitivo que se aleja del estándar tiene como consecuencia enfrentar distintos desafíos y retos en su día a día. Salirse del “molde” les ha impedido históricamente sentirse en igualdad de condiciones comparados con los demás en prácticamente todos los aspectos.

En términos de discapacidad, para garantizar una inclusión efectiva, una de las primeras ideas que surge es la realización de ajustes razonables. Estas modificaciones incluyen las estructuras físicas, la creación y ampliación del marco jurídico que les protege, el diseño efectivo y la implementación de políticas públicas que acompañen los preceptos legales, por mencionar algunas. El objetivo en sí mismo es ampliar la garantía de los derechos humanos de todas las personas, resolviendo situaciones que afecten de manera diferenciada.

Sin embargo, cuando se trata de neurodiversidad, el cambio reside, en gran parte, en el aspecto social. Todavía las personas neurodivergentes se encuentran con barreras importantes. La falta de comprensión, empatía o actitudes limitantes en su desarrollo impactan no sólo en el ámbito social, sino en el cultural, económico, laboral, académico, entre otros.

Independientemente del debate sobre si la neurodivergencia es o no una discapacidad, las personas que procesan o desarrollan la información de una manera u otra, no deben ser juzgados y menoscabados por ningún motivo. Además, si partimos del punto de vista de las discapacidades invisibles, podemos afirmar que la neurodivergencia entra en esta categoría.

El término de discapacidades invisibles hace alusión a aquellas limitaciones creadas por la sociedad en las que, si bien, las actividades físicas no se ven afectadas, sí lo hacen las actividades cognitivas y sociales. Una práctica común en la actualidad es la invisibilización de estos desafíos a través de una minimización a quienes tienen un neurodesarrollo distinto. Incluso se ignora la forma correcta en la que se debe llamarles o los términos que se pueden usar para referirse a ellos.

Durante mucho tiempo ha existido una lucha por dejar de ver este desarrollo distinto como una enfermedad y poco a poco se ha ido logrando. Sin embargo, el alejar la idea de la neurodivergencia como enfermedad no debe repercutir en la concientización sobre la vulnerabilidad social a la que se encuentra sometido este grupo de personas.

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Es cierto que como individuos podemos contar con elementos distintos que nos hacen diferenciarnos unos de otros, pero una de las cosas que todos y todas tenemos en común son los derechos humanos. Precisamente en este ámbito es en donde juegan un papel importante, ya que brindan condiciones en las que la comunidad pueda participar, desarrollarse y convivir sin sentirse discriminadas.

Independientemente de la conclusión del debate mencionado con anterioridad, quienes son considerados neurodivergentes están protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ambos casos la premisa es la misma: deben ser respetados y tratados con dignidad.

La inclusión de personas neurodivergentes va más allá de derechos puestos en papel. Como sociedad nos corresponde poner en práctica estos derechos para todas y todos, eliminando barreras actitudinales que les dificulten el llevar a cabo actividades cotidianas. Es importante prestar atención al tema de salud mental, así como se hace con la salud física, y es imperativo que en la colectividad tomemos en cuenta esta diversidad para evitar formar parte de los desafíos a los que ya se enfrentan durante toda su vida quienes tiene un desarrollo cognitivo diverso.

La autora es auxiliar de investigación del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH