La prisión preventiva en suspenso

El jueves pasado, quedó en suspenso la decisión sobre la prisión preventiva oficiosa porque el ministro Aguilar retiró el proyecto que había presentado al Pleno, que fue discutido ampliamente el lunes y martes previos, para poder elaborar una nueva propuesta que contenga los puntos de vista de sus pares, con la intención de lograr un mayor consenso.

La discusión del lunes y martes fue difícil de seguir aún para especialistas, porque no todas las posiciones fueron claras. Constitucionalistas y teóricos del derecho estuvimos al filo de la butaca sin perder detalle, al mismo tiempo que seguíamos los maravillosos hilos que se iban construyendo en Twitter, espacio donde se estaba dando otra acalorada discusión.

Cuando concluya esta discusión, la teoría del derecho y del derecho constitucional se verán enriquecidas debido a los debates sobre: la supremacía constitucional, si existen límites para la interpretación de la Corte como tribunal constitucional, si se puede inaplicar una norma constitucional por contravenir tratados suscritos por México, si debe prevalecer el esquema tradicional de jerarquía normativa o, si en temas de derechos humanos, debe operar el bloque de constitucionalidad, que incluye a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Es una discusión muy técnica, así es el lenguaje del Derecho. Sin embargo, quienes más interés tienen son las personas que actualmente están privadas de su libertad porque un juez les dictó prisión preventiva de oficio.

Jordi Ferrer, el procesalista de Girona, discípulo predilecto del gran Michele Taruffo, propuso en las redes que tal vez estábamos frente a un falso dilema y que es la palabra “oficiosa” lo que se ha interpretado mal. Según su postura, el juez no debe entender que de oficio es sinónimo de prisión automática. De acuerdo con lo afirmado recientemente por Arturo Bárcena ante la Corte Interamericana, un juez en Tabasco ha realizado esa distinción en los casos que ha conocido. Por ahí se dejó ver la propuesta del ministro González Alcántara.

Hemos quedado en el suspenso por los tiempos de nuestra Corte y los de la Corte Interamericana. No sabemos si el nuevo proyecto del ministro Aguilar será resuelto antes de que la Interamericana falle el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México. Este asunto también tiene como tema central a la prisión preventiva oficiosa.

Cuando la Interamericana resuelva, lo más probable es que condene al Estado Mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa por ir en contra de los derechos humanos de fuente internacional. Aspecto en el que hay consenso en la Corte mexicana. Sin embargo, la discusión nacional involucra la forma en que el sistema jurídico debe responder al artículo 19 constitucional.

En el futuro inmediato, pareciera que la controversial figura pudiera tener un pronto fin en beneficio de miles de personas, quienes hoy se encuentran recluidas sin que se haya probado su culpabilidad y sin que hayan podido defenderse; lo que debería ser una excepción, se convirtió en una regla.