La selectiva agenda de doña Ernestina Godoy

Queda el registro sobre las razones de algunos prominentes legisladores panistas que dieron su voto para que Ernestina Godoy llegara a la Fiscalía General de la República (FGR). La decisión es incomprensible, al menos por dos razones. Primera, el PAN fue el obstáculo más firme y decidido para que Godoy no fuera ratificada por un periodo más en la Fiscalía de la Ciudad de México. López Obrador y Claudia Sheinbaum hicieron todo –lo bueno, malo y peor– para lograrlo. Acción Nacional no la dejó pasar. Segunda, el desempeño en el primer periodo de la fiscal: The New York Times acreditó el 9 de noviembre de 2023 que había espiado no sólo a panistas destacados, sino también a relevantes políticos morenistas distanciados o competidores de Sheinbaum; un caso evidente del uso faccioso del aparato oficial de inteligencia criminal.

De cara a estos antecedentes, la dirigencia del PAN debe una explicación sobre las razones del voto de sus legisladores para que Ernestina Godoy reemplazara a Alejandro Gertz. Morena tenía los votos, pero el blanquiazul aportó legitimidad. Un antecedente es que la exfiscal de la Ciudad de México investigó al cartel inmobiliario que incriminaba a los ahora dirigentes, caso que hoy duerme en el acervo de asuntos pendientes con detenciones de funcionarios menores; algunos de ellos incriminaron a sus superiores sin consecuencias judiciales.

El uso político de la justicia penal es el recurso más eficaz para amedrentar y controlar. No siempre se limita a eso; a veces procede al rudo encarcelamiento, como ocurrió con Rosario Robles, en un proceso pleno de irregularidades. Ahora Ernesto Ruffo actualiza el inventario de casos a modo, sin omitir el del rector de Campeche, José Abud, a quien en la vieja tradición policiaca le sembraron droga para obligarlo a renunciar a la dirección de la máxima casa de estudios.

El saldo del régimen obradorista es brutal y se robustece con los casos de uso de la justicia electoral para reprimir la libertad de expresión. Bajo estas condiciones, el régimen pretende erigirse en última instancia para proteger el derecho de las audiencias frente al periodismo editorial e informativo en radio y televisión.

Las acciones de doña Ernestina y del régimen se actualizan con la persecución a exgobernadores, todos opositores del morenismo. Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Ernesto Ruffo y, recientemente, Ángel Aguirre. No puede ignorarse que la denuncia del exfiscal Gertz Manero, en contra de la familia de la exmujer de su hermano Federico, fue diligentemente atendida por la fiscal de la entidad. Muchos cargaron la mano al denunciante, pero casi nadie a quien ejercía la autoridad y fungía como brazo ejecutor de una acción legal marcada por parcialidad, exceso y sevicia.

Lo emprendido adquiere relieve respecto a lo omitido. El problema para el país y también para quienes gobiernan es que la impunidad se les vuelve en contra porque las expresiones más profundas y trascendentes de criminalidad permanecen y se expanden, a pesar de las acciones punitivas del gobierno contra delincuentes en territorio nacional. Esa tolerancia implica que la protección política persista y que la corrupción se vaya extendiendo. El régimen pierde sentido de los límites y, al no haber acción correctiva, la autocontención pierde fuerza y sentido.

Las condiciones de existencia del régimen se asocian con la impunidad: si cae uno, caen muchos.

La omisión expone al país ante el proceso judicial norteamericano contra narcopolíticos. El embate viene en serio por la determinación de las autoridades y la fuerza de la evidencia; el riesgo implica no sólo al régimen político, sino a la nación. Ante ello, resulta incomprensible la omisión para proceder contra Rocha Moya y asociados, mientras que la investigación del contrabando de combustible y robo de petróleo crudo en proporciones descomunales no ha sido atendida en su justa proporción. Ambos delitos van en aumento, como se infiere de la investigación rigurosa e impecable de Francisco Barnés de Castro, divulgada por Carmen Aristegui en días recientes, cuya evidencia compromete tanto al gobierno de López Obrador como al actual.

La selectiva agenda de doña Ernestina deja al descubierto la ausencia de justicia frente a temas fundamentales para el país, que se reafirma por el sometimiento del Poder Judicial Federal y el uso político de las instituciones del Estado con un doble propósito: impunidad a los de casa y persecución sin reserva al opositor.