La vieja estrategia de los funcionarios de poner las propiedades a nombre de los familiares

Las declaraciones patrimoniales son por ley obligatorias para los servidores públicos de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Su artículo 32 dice que “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia”.

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Asimismo, el artículo 39 refiere que “se computarán entre los bienes que adquieran los Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”.

Lo anterior viene a cuento por la nota que publicó VANGUARDIA hace unos días sobre la propiedad de más de un millón de dólares que posee el subsecretario de Educación y exlíder de la Sección 35 del sindicato de maestros, Jorge Alberto Salcido Portillo. En la nota, el funcionario reconoce que vive en la propiedad, pero que es de su esposa.

La vieja confiable de meter a la familia como si con eso ya justificaran un posible enriquecimiento, muchas veces inexplicable. Es una vieja estrategia de los políticos registrar sus propiedades a nombre de algún integrante de la familia para esconder lo que no quieren, por alguna razón, que se sepa.

El artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas refiere que en “los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”.

Sin embargo, es muy fácil para un funcionario zafarse de esta al atribuirle la propiedad de la casa, legalmente, a un familiar.

No obstante, el artículo 38 sí estipula que los “Declarantes estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos”.

Pero esto no suele hacerse en Coahuila. Los formatos que llenan los funcionarios públicos se limitan a referir los ingresos, los bienes de su propiedad y la forma como se adquirieron y si existe algún conflicto de interés, es decir, si pertenecen tanto ellos como sus cónyuges, a alguna asociación, empresa o sociedad, por ejemplo.

AL TIRO

¿Puede un funcionario que ha ganado toda su vida 50 mil pesos, hacerse de un patrimonio de un millón de dólares?

Suponiendo que hubiera ganado toda su vida esa cantidad mensualmente, en 30 años habría juntado 18 millones de pesos, claro, si no hubiera gastado ni un peso en servicios, vacaciones, comidas, ropa, autos.

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Se podría justificar que quizá la casa está hipotecada, se compró a crédito. Es posible, pero eso lleva a la necesidad también de cuestionar cómo se adquieren los bienes, porque hay funcionarios o exfuncionarios que aseguran haber pagado camionetas de 700 mil a un millón de pesos de contado. Sí eso es difícil, lo es más comprar una vivienda de contado de más de 10 millones de pesos.

El caso de Salcido Portillo obliga a cuestionar si existe coherencia entre los bienes acumulados de los políticos, con los ingresos que han tenido por años. Obliga a seguir cuestionando si tienen conflictos de interés por pertenecer a sociedades, obliga a cuestionar cómo es que un funcionario de segundo nivel, pero alguna vez líder de una sección sindical, alcanza a tener un patrimonio millonario. Porque evidentemente no es el único.

¿Es legítimo aspirar a acumular y hacerse de patrimonio? Por supuesto que sí. Todos queremos mejorar y hacernos de nuestras cosas. El problema es cuando no hay una cohesión entre lo que tienes y lo que “oficialmente” ganas.

¿Cómo le hacen tantos políticos para pasar en una administración de vivir en una colonia de clase media a pagar viviendas de contado en sectores más acaudalados?

Es necesario también buscar los mecanismos para ampliar los alcances de una declaración patrimonial. Porque aunque pidan los políticos que no se metan con la familia (esposas, hijos), automáticamente ellos los meten al usarlos para ocultar propiedades a su nombre.

¿Cuántos no habrá igual?