Las empresas de IA antiestadounidenses de Estados Unidos

Por Yaqiu Wang y Nicholas Bequelin, Project Syndicate.

FILADELFIA- En Washington, casi todas las propuestas serias que podrían limitar a las empresas estadounidenses de IA se topan con la misma objeción: las restricciones pondrían en peligro la seguridad nacional y la prosperidad futura al dar ventaja a China. Tal y como afirmó el CEO de OpenAI, Sam Altman, en una audiencia del Senado en 2025, Estados Unidos necesita una “regulación sensata” que “no nos frene”.

Esta formulación tiene un atractivo intuitivo. Nadie defiende normas mal diseñadas que debiliten innecesariamente la innovación estadounidense. Sin embargo, la frase “que no nos frene” muchas veces se convierte en una exigencia para que las instituciones democráticas se hagan a un lado mientras un puñado de empresas privadas decide cómo se construirá, se implementará y se gestionará una de las tecnologías más poderosas de la historia.

Sin duda, hay mucho en juego en la competencia con China. Un mundo en el que Beijing domine la IA estaría más censurado y vigilado y sería intrínsecamente hostil a los derechos humanos y a la democracia. Pero Estados Unidos puede prevalecer apelando a las fortalezas de una sociedad abierta: la rendición de cuentas democrática, el estado de derecho, una competencia sólida y un debate público libre. Es precisamente aquí donde las empresas estadounidenses de IA pueden superar a sus rivales chinas, no a pesar de la supervisión democrática, sino gracias a ella.

Después de todo, si un sistema de IA se utiliza en un hospital, una escuela, una comisaría o en el campo de batalla, la gente quiere estar segura de que está sujeto a normas, de que las decisiones que afectan sus vidas pueden ser impugnadas y de que existen mecanismos eficaces para obtener una reparación si algo sale mal. Estas características requieren normas claras en materia de responsabilidad, transparencia, el debido proceso para las decisiones automatizadas de alto riesgo y una aplicación efectiva de la ley.

Si bien los controles democráticos, en algunos casos, pueden desacelerar la implementación, también pueden acelerar su adopción al hacer que los sistemas de IA resulten más fiables. Las normas de responsabilidad pueden incentivar a las empresas a abordar los riesgos previsibles antes de que causen daños; la transparencia puede ayudar a los investigadores a identificar fallas que las empresas pasan por alto o prefieren no divulgar; y las normas relativas a las pruebas, la notificación de incidentes, la protección de datos y la revisión humana pueden ofrecer a los clientes una mayor seguridad, al tiempo que reducen los riesgos para la sociedad.

Estados Unidos no superará a China en una carrera hacia el abismo, porque el sistema político chino está mejor preparado para ello. Puede obligar a las empresas y a los organismos públicos a compartir datos sobre finanzas, viajes, salud, seguridad y comunicaciones cotidianas, para luego utilizar esa información con el fin de controlar y explotar a los ciudadanos a una escala que ninguna democracia debería intentar emular. Puede ordenar a las empresas que persigan objetivos industriales nacionales porque los tribunales, los legisladores y la sociedad civil no limitan al partido-estado. Si Estados Unidos intenta competir concediendo a sus propias empresas más secretismo, más impunidad o más poder sobre la vida de los ciudadanos, ya habrá perdido.

El propio historial global de las empresas tecnológicas chinas demuestra aún más la importancia de la rendición de cuentas democrática. Huawei ha promovido sus sistemas de “ciudades seguras” como herramientas para la seguridad pública, pero en algunos países han suscitado preocupación por el espionaje político y la debilidad de las garantías de los derechos humanos. Los proyectos de infraestructura y vigilancia respaldados por China también han generado inquietud por la opacidad de los contratos, la corrupción y la influencia política.

Esa diferencia tiene importancia más allá de las fronteras de Estados Unidos. Las personas afectadas por empresas estadounidenses en cualquier parte del mundo pueden hacer visibles sus casos, buscar cobertura mediática y recurrir a organizaciones de la sociedad civil estadounidense para que defiendan sus intereses. Del mismo modo, las empresas extranjeras pueden solicitar reparación a través de los tribunales, los organismos reguladores y los canales de mediación independientes de Estados Unidos. Ninguna de estas vías independientes existe en China para impugnar a las empresas que actúan con el respaldo del partido-estado.

Las empresas estadounidenses de IA deberían aprender de la historia reciente de las redes sociales. Las principales plataformas pasaron años resistiéndose a la regulación mientras sus modelos de negocio degradaban el discurso democrático, difundían desinformación, socavaban la privacidad, creaban adicción en los niños y concentraban un poder descomunal. Sin embargo, a pesar de la creciente frustración pública, estas empresas evitaron una rendición de cuentas política contundente, ya que gran parte del daño era difuso y acumulativo, lo que dificultaba determinar por qué una empresa tenía más responsabilidad que otra.

Las empresas de IA tendrán mucho menos espacio para esconderse. Cuando un sistema de IA descarta a alguien para un puesto de trabajo, niega un beneficio o un préstamo, ofrece consejos perjudiciales o produce un reconocimiento facial falso, las consecuencias son inmediatas, cuantificables y, a menudo, atribuibles a un producto y a una empresa específicos. Esa clara línea de responsabilidad hace que una reacción negativa sea más probable, y más difícil de eludir. Los estadounidenses ya desconfían de la IA: una encuesta reciente del Pew Research Center revela que el 52% está más preocupado que entusiasmado por el creciente papel de esta tecnología en la vida cotidiana, frente al 37% en 2021; solo el 9 % está más entusiasmado que preocupado.

No obstante, las empresas de IA parecen estar siguiendo los pasos de las redes sociales. En lugar de ser más transparentes, buscan un acceso privilegiado a un pequeño círculo de funcionarios y negocian políticas a puertas cerradas. En lugar de defender la competencia abierta, están en una carrera para controlar la potencia de cálculo, los datos y los canales de distribución antes de que sus rivales puedan alcanzarlos, difuminando la línea entre la ventaja de ser los primeros en llegar y el comportamiento monopólico u oligopólico. Y en lugar de confiar en los procesos democráticos, sus ejecutivos e inversores actualmente están invirtiendo grandes sumas para derrotar a los políticos que podrían regularlas. A pesar de proclamar que defienden una IA democrática frente al modelo autocrático de China, parecen cada vez más dispuestos a negociar directamente con los líderes políticos en lugar de someterse a las normas establecidas a través de instituciones abiertas.

Al buscar un acceso privilegiado, suprimir la competencia y comprar influencia para evitar aceptar las restricciones democráticas, el sector se está volviendo impopular y políticamente dependiente. Eso significa que hoy podría conseguir una desregulación, solo para descubrir mañana que ha cedido su autonomía a cualquier administración que controle el acceso a la energía, a los chips, a los contratos públicos, a las licencias de exportación y a la aplicación de la legislación antimonopolio. Un gobierno capaz de decidir qué empresas reciben esos beneficios también puede castigar a aquellas que caen en desgracia.

Las empresas que se resisten a la supervisión democrática habitual corren el riesgo de provocar la imprevisibilidad: el control político directo por parte del gobierno de turno. La rendición de cuentas democrática, el estado de derecho y la competencia abierta no son costos que deban evitarse por el solo hecho de “ganar”. Son ellos, precisamente, los que harán que la IA estadounidense sea más fiable, más resiliente y, en última instancia, más fuerte que las ofertas chinas. El tiempo para que las empresas estadounidenses de IA elijan con sensatez se está agotando. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Yaqiu Wang es investigadora del Proyecto Penn sobre el Futuro de las Relaciones entre Estados Unidos y China de la Universidad de Pensilvania.

Nicholas Bequelin es investigador sénior del Centro Paul Tsai sobre China de la Facultad de Derecho de Yale e investigador del Centro de la Asia Society sobre las Relaciones entre Estados Unidos y China.