El principio de explicabilidad en las democracias modernas

Es envidiable lo que sucede en los países nórdicos en materia de salud, educación, gobierno, bienestar social y tantas otras dimensiones del desarrollo humano. Volteamos constantemente la mirada hacia ellos, admiramos sus resultados y los ponemos como ejemplo de aquello que quisiéramos alcanzar en México. Sin embargo, antes de intentar emular sus éxitos, tendríamos que preguntarnos qué hay detrás de ellos.

Queremos sus hospitales, sus escuelas, sus servicios públicos y sus niveles de bienestar, pero cuando llega el momento de transparentar nuestras decisiones, explicar nuestras acciones y rendir cuentas, la disposición parece desaparecer. Deseamos los beneficios de una democracia consolidada, pero no siempre estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que exige. Esto no sólo incluye a quienes gobiernan, sino también a los gobernados.

Por supuesto, los países nórdicos no son sociedades perfectas ni sus logros obedecen a una fórmula única. Sin embargo, sus tradiciones de diálogo, consenso, apertura institucional y responsabilidad pública ofrecen experiencias que merecen estudiarse. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, Dinamarca obtuvo 89 puntos y Finlandia 88, frente a los 27 de México. Aunque este indicador no mide directamente la calidad democrática, ilustra diferencias importantes en materia de integridad pública. La pregunta es inevitable: ¿por qué admiramos tanto sus resultados y prestamos tan poca atención a las prácticas institucionales que contribuyen a producirlos?

En una democracia, la transparencia permite conocer qué se hace con los recursos; la rendición de cuentas obliga a responder por las decisiones adoptadas. Pero entre ambas existe una exigencia fundamental: la explicabilidad. No basta con publicar cuánto costó una carretera; hay que explicar por qué se decidió construirla, quién determinó su ubicación, qué alternativas se consideraron, a quién beneficia y cómo se evaluarán sus resultados. Tampoco basta con anunciar millones de pesos destinados a la salud o la educación. Hay que justificar las prioridades y permitir que la ciudadanía examine las decisiones.

Desde la filosofía política, Jürgen Habermas relaciona la legitimidad democrática con los procesos públicos de argumentación y deliberación. Rainer Forst, por su parte, desarrolla el concepto del derecho a la justificación: quienes están sujetos a normas y relaciones de poder tienen la facultad de exigir razones que las justifiquen. En consecuencia, explicar las decisiones no debe ser una concesión de los gobernantes, sino una obligación inherente al ejercicio democrático del poder.

En México se han creado leyes, organismos, plataformas digitales, contralorías, auditorías y procedimientos destinados a transparentar las acciones gubernamentales. Sin embargo, la existencia de mecanismos institucionales no asegura que quienes gobiernan estén dispuestos a explicar suficientemente sus decisiones ni a responder efectivamente por ellas. Y ejemplos sobran. El problema no consiste solamente en tener instituciones, sino en garantizar que funcionen. Publicar información no equivale a explicar una decisión, y explicar una decisión tampoco significa haber rendido cuentas por sus consecuencias.

El servidor público no es dueño del poder ni de los recursos que administra. Transparentar sus acciones, justificar sus decisiones y rendir cuentas, incluso sobre posibles conflictos de interés, no son concesiones políticas, sino obligaciones. Pero la responsabilidad también corresponde a los gobernados: no podemos exigir transparencia únicamente a nuestros adversarios mientras toleramos la opacidad de quienes comparten nuestras ideas.

El principio de explicabilidad democrática consiste en la obligación de quienes ejercen el poder de transparentar sus acciones, justificar públicamente sus decisiones mediante razones claras y comprensibles, someterlas a la deliberación ciudadana y rendir cuentas por sus consecuencias. No basta con informar qué se hace; es necesario explicar por qué se hace, someter las decisiones al escrutinio ciudadano y asumir las responsabilidades correspondientes. Por tanto, el principio exige gobernantes dispuestos a rendir cuentas y ciudadanos comprometidos con informarse, participar, cuestionar y exigir razones. El diálogo y el consenso no significan que todos pensemos igual, sino aceptar que nuestras razones pueden discutirse, que nuestras decisiones deben justificarse y que el ejercicio del poder no puede quedar blindado frente al cuestionamiento ciudadano.

Podemos seguir admirando a los países nórdicos, citando sus indicadores y utilizando sus políticas como ejemplos de lo que aspiramos a construir. Pero sería conveniente comenzar por una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos realmente dispuestos a transparentar nuestras acciones, explicar nuestras decisiones y rendir cuentas de sus consecuencias? Esa es la base de su éxito, no otra. Porque queremos parecernos a los países nórdicos en sus resultados, pero el verdadero desafío comienza cuando tenemos que asumir las responsabilidades democráticas que contribuyen a hacerlos posibles.

El problema de muchos servidores públicos en nuestro país es que, una vez instalados en el poder, parecen olvidar que son empleados de la ciudadanía y no sus dueños. En la práctica, se resisten a transparentar sus acciones, rechazan los cuestionamientos y consideran la rendición de cuentas una molestia antes que una obligación. ¿Conoce alguno?

No es casual que Adela Cortina advierta sobre la pérdida de valores fundamentales de la vida pública, como la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, indispensables para recuperar la confianza ciudadana. Precisamente, aquí cobra sentido el principio de explicabilidad democrática: quien ejerce el poder está obligado no sólo a informar qué hace, sino a explicar por qué lo hace, someter sus decisiones al escrutinio ciudadano y responder por sus consecuencias. Ahí tienen sentido las comparaciones. Así las cosas.