La pretensión del Presidente de decretar que los cargos de ministro de la SCJN estén sujetos a designación electoral popular, no tiene sustento.
Lo mismo ha manifestado respecto al INE y el Inai.
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Su enojo y deseo de venganza se derivan del veredicto de la Corte respecto a la primera parte del “Plan B”, promovido personalmente por él en el Senado.
Sin embargo, lo único que evidenció la SCJN fue la forma en que se llevó a cabo el procedimiento legislativo −desaseado, inequitativo con los partidos minoritarios y generando conflicto−, y no el contenido del “Plan B”.
Esta conducta de la bancada de Morena en el Senado llama la atención, pues teniendo este partido junto con sus aliados la mayoría legislativa simple −suficiente para lograr su propósito-, era innecesario romper las reglas y agredir los derechos de los partidos minoritarios.
Por tanto, esto parece ser una provocación planeada por el Presidente para generar una reacción que conduzca a un conflicto, ya que la provocación le permite victimizarse argumentando un complot de los conservadores en contra de la “transformación de México”.
Esto le ofrece la oportunidad de construir una narrativa de alto impacto para hacer campaña y así convencer a la ciudadanía de que necesita tener mayoría legislativa calificada −o sea 75 por ciento de legisladores afines a su proyecto− para hacer cambios constitucionales drásticos. Sustentado en estos argumentos, solicitará a la ciudadanía su voto en las próximas elecciones.
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Es inconcebible que el Presidente intente deslegitimar a la SCJN, al Inai, al INE y al TEPJF, argumentando que sus miembros no provienen de una elección popular.
Hay cargos muy técnicos como estos, que requieren conocimientos y experiencia que no se deriva del simple sentido común, sino del conocimiento preciso de las leyes. Por ello es que otro poder −el Legislativo− los designa después de un proceso de selección donde se evalúa su currícula.
Estas son las reglas impuestas por nuestra Constitución y, por lo tanto, los unos y el otro son legítimos. Sin embargo, cuando el sentimiento popular es azuzado para deslegitimar, se está actuando en contra del Estado de Derecho, pues se está saboteando al orden constitucional.
Esta propuesta presidencial de modificar la Constitución para que los candidatos a estos cargos sean elegidos por votación popular, responde a una visión populista.
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Es urgente entender qué es el “populismo” como corriente política. Es la manipulación del ánimo colectivo exacerbando las emociones de la ciudadanía para controlarlas y dirigirlas hacia donde están los intereses de quien se erige como caudillo, disfrazando de democráticas las decisiones personales que pretende imponer.
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