Las inconsistencias del sexto informe de AMLO

Opinión
/ 8 septiembre 2024

El informe de gobierno es un mandato –imperativo– que se suscribe en el artículo 69 de la Carta Magna y a la letra dice que “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.

En el orden establecido de lo que se suscribe en la ordenanza referida, el pasado 1 de septiembre el Presidente no presentó el informe ante el Congreso, quien lo hizo fue la secretaria de Gobernación, por supuesto esto lo permite la ley. Esta es una práctica que comenzó a practicarse desde el año 2000 por los temores presidenciales de encontrarse con una oposición brava y complicada. A partir de ahí, no faltaron los pretextos para no hacerlo y enviar a un representante a entregarlo, decían: para no poner en riesgo la investidura presidencial.

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En una administración como la saliente se entiende. El titular del Ejecutivo prefiere encontrarse con el pueblo –su pueblo– porque se sabe querido y acogido. Le viene mejor en la parte final de su mandato, donde es pertinente medir popularidad. Es un tema de autoestima, eso está claro. Y aunque la Cámara en el escenario democrático y, para fines de nuestro sistema político, es la imagen de la representatividad, el tema aquí es la autocomplacencia. Seguramente, como en otros sexenios, en su conciencia será suficiente entregar el informe y ya está.

La segunda parte del mandato dice a la letra: “(...) en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Sin afán de confrontar, basta con que usted vea los mismísimos informes del Índice de Rezago Social, el Índice de Desarrollo Social, el Índice de la Medición Multidimensional de la Pobreza, los Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa o los datos de Transparencia Internacional, no de Mexicanos contra la Corrupción, para cotejar los dichos con los hechos. Encuestas de las que se nutre Coneval y el Inegi. No hay necesidad de confundir, desinformar o persuadir sobre una realidad inexistente. Como dijo el Divo de Juárez, “pero qué necesidad”.

Sí, por supuesto, hay situaciones que resaltar, como elevar a rango constitucional los programas sociales en el Cuarto Constitucional, la elevación del salario mínimo de 88.36 pesos en 2018 a 248.93 pesos; la reforma contra el fuero constitucional (artículo 108), la recaudación tributaria, el máximo histórico de inversión extranjera, la apreciación histórica del peso –aunque ahora por razones de contexto se haya ido otra vez cercano a los 20 pesos–, el récord de puestos de trabajo con relación al IMSS, las reservas internacionales del Banco de México, entre otras cosas.

Pero decir que bajó la inseguridad, la violencia, el precio de la canasta básica, la corrupción, el precio de la gasolina o que seamos como Dinamarca en materia de salud, evidentemente, es una falta a la verdad del tamaño del mundo. Cierto es que siempre nos hemos quejamos del Seguro Social, y si en otras administraciones no respondió el sistema de seguridad con lo esperado por los mexicanos, decir que ahora hemos alcanzado los altos estándares nórdicos, pues definitivamente no es cierto.

Lo que sí debiéramos de tener en cuenta es cómo en estos temas la evasión de impuestos juega un papel preponderante. ¿De dónde se nutren los programas sociales? De sus impuestos, por supuesto. Y vea los dislates de muchas y muchos mexicanos que se niegan a cumplir con esta obligación –personas físicas y morales. Lo cierto es que estamos muy lejos de parecernos en el sistema de salud a los países nórdicos. Pero bueno, en esto independientemente de la afirmación, hay muchas variables que el Presidente pudo haber tomado en cuenta antes de dar una información que la puede desmentir cualquier afiliado al sistema de seguridad social.

Está bastante claro, ni todo lo que se dice en los informes es real ni todo es falso, y el sexto informe no iba a ser la excepción. Por supuesto, hace falta una autocrítica urgente hacia dentro del Gobierno Federal y eso lo tendrá que internalizar la próxima Presidenta y entender que muchos mexicanos ya no nos chupamos el dedo. Y, por otra parte, tanto en el gobierno como en la ciudadanía hace falta una crítica –análisis– imparcial donde se antepongan los intereses de grupo.

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No hay nada como ser leales a la verdad, porque vivimos en un país donde, lamentablemente, dependiendo de dónde uno esté, o se aceptan los informes sin cuestionarlos o se descalifican de forma sistemática. Y si a eso le sumamos que algunos medios han tomado partido –en lo político–, peor la cosa.

A 23 días del final de este sexenio, le corresponde a la Presidenta electa generar una narrativa confiable, donde el apego a la realidad y a la verdad sea el punto de partida de su gobierno. Independientemente de los temas controversiales que en unos días más enfrentará –por ejemplo, la reforma judicial, la relación con los Estados Unidos, la política doméstica latinoamericana, entre otros–, lo ideal sería que no tuviera, como lo han tenido la mayoría de los presidentes que han pasado por Palacio Nacional, un México alternativo del que el actual Presidente no se ha podido evadir ¿O apoco ya olvidó el México superdesarrollado de CSG, Foxilandia o Calderolandia? Esos, y el que propone el presidente en este sexto informe de gobierno, son los Méxicos alternativos que no es difícil comprobar lo lejos que están de la realidad. Así las cosas.

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