Las reformas de AMLO y la idea del partido hegemónico

Entre las propuestas que con mayor detalle ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de enviar su paquete formal de reformas constitucionales al Congreso, se encuentra la relativa a la modificación del sistema electoral del país, la cual incluye la transformación del Poder Judicial y sus órganos más importantes.

No ha ocultado sus intenciones: por un lado, convertir en asunto partidista la designación de quienes tienen a su cargo la organización de las elecciones y, por el otro, politizar la designación de quienes tienen a su cargo la delicada tarea de impartir justicia.

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Ahora que ya conocemos el texto concreto de las reformas que propone en materia electoral, así como del Poder Judicial, una cosa queda clara: se trata de propuestas que se formularon pensando en una realidad concreta: la existencia de un partido hegemónico.

En otras palabras, todo hace indicar que, en el fondo, lo que se pretende es restaurar la vieja “dictadura perfecta” que el Partido revolucionario Institucional (PRI) construyó a lo largo del siglo pasado y cuya existencia fue combatida incluso por quienes hoy forman parte del grupo en el poder, aunque ello ocurriera sólo hasta que se volvieron oposición.

En efecto, la posibilidad de contar con un aparato electoral capaz de ganar la mayor parte de los distritos uninominales del país es la precondición necesaria para pensar en eliminar la representación proporcional en la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Este hecho es también el que lleva a considerar “buena idea” que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y magistrados del Tribunal Electoral, sean electos por voto popular. Se confía en ganar esas elecciones, lo cual garantiza que sean solamente las personas afines al régimen las que ocupen dichas posiciones.

Así, aunque en términos nominales México siguiera siendo una democracia, en los hechos habríamos retrocedido medio siglo en la historia para ubicarnos en las circunstancias del periodo de apogeo del régimen priista, cuando todos los puestos públicos eran “propiedad” del partido en el poder.

No hay una gota de espíritu democrático en tales propuestas, sino solamente la confesión expresa de las pulsiones autoritarias que dominan a quienes hoy, igual que sus pares del pasado, pretenden convertir al poder público en el patrimonio exclusivo de un grupo.

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Como ya se ha dicho antes, las propuestas que el Presidente ha puesto sobre la mesa deben ser analizadas, discutidas, dictaminadas y votadas. Ese es el procedimiento legislativo que marca la norma vigente. Pero también deben ser juzgadas en términos políticos a partir de las intenciones que revelan.

En este sentido, es preciso decir que, al menos por lo que hace a las propuestas en materia electoral, no estamos ante un planteamiento para robustecer los derechos políticos de la ciudadanía, sino para secuestrarlos.