El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó ayer su paquete de 20 reformas constitucionales, uno de los más amplios que se haya presentado nunca, a sólo ocho meses de concluir su mandato. Se trata, sin duda, de una propuesta que estará en el centro de la discusión hasta que el tabasqueño concluya su periodo como Jefe del Ejecutivo.
Algunas de las propuestas no fueron delineadas con suficiente detalle como para entender a cabalidad su sentido, por lo cual habrá que esperar a conocer el detalle de lo que se entregó ayer al Congreso de la Unión. Sin embargo, se conoce muy bien la intención de las propuestas que constituyen el núcleo de dicho paquete.
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Y es que desde hace años, el mandatario ha sostenido un embate permanente en contra de instituciones autónomas, como el INE o el INAI, a los cuales ayer nuevamente caracterizó como órganos “onerosos y elitistas” que, desde su perspectiva, no atienden al interés público.
De la misma forma, a partir del arribo de Norma Piña a la presidencia del Poder Judicial, López Obrador ha reforzado sus críticas a la Suprema Corte y a los jueces que, en su opinión, emiten resoluciones que solamente favorecen a los grupos de interés económico.
El posicionamiento que los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión han fijado respecto de estas propuestas anticipa que no es posible, para el Presidente y sus aliados, reunir los votos suficientes para hacer avanzar las propuestas referidas. ¿Por qué entonces decidió López Obrador someterlas a discusión en el Poder Legislativo?
Los analistas coinciden en que no se trata realmente de lograr la aprobación de dichas medidas, sino de marcar el tono de la discusión pública en los próximos meses, es decir, durante la etapa de campaña electoral en la cual se encuentra en juego la permanencia de su proyecto político en el poder.
La estrategia consistiría, de acuerdo con esas voces, en polarizar el ánimo popular retratando a la oposición como un grupo que está en contra de medidas benéficas para la mayoría de la población, razón por la cual no deberíamos votar por sus candidatos.
¿Significa esto que las iniciativas presidenciales carecen de mérito y ni siquiera debieran ser objeto de análisis o discusión? Desde luego que no. Se trata de un conjunto de propuestas que han sido colocadas sobre la mesa por el titular del Poder Ejecutivo federal y que tienen una intención puntual que debe analizarse con seriedad.
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No puede perderse de vista, sin embargo, que el momento en el cual se han presentado es uno, al menos atípico, pues nos encontramos en medio del proceso sucesorio presidencial y ello necesariamente implica que la discusión se ve afectada por el debate político y la lucha por los votos.
Cabría esperar por ello que, tanto la fuerza gobernante como las oposiciones realicen un esfuerzo extraordinario para abordar el asunto con seriedad, es decir, haciendo política y evitando la politiquería.
