Los montajes como estrategia de seguridad pública

El Estado mexicano acumula una serie de deudas con el pueblo. Una de las más preocupantes es la inoperancia de los ministerios públicos y del Poder Judicial, tanto estatal como federal, consecuencia de sumergirse en la extravagancia de la farándula televisiva. Este performance en medios llegó a presentarse como la estrategia emblema de la impartición de justicia en los tres últimos sexenios, lo que no es más que una farsa para crear la percepción de calma en un país donde la inseguridad tomó por asalto la tranquilidad de la ciudadanía durante los gobiernos en turno. Hablamos de una deuda que actualmente ninguno de los involucrados ha saldado.

Resulta extraño que un medio audiovisual se vuelva permeable en la agenda política en un tiempo tan prolongado, aunque desde mi perspectiva, esto obedece también a que como consumidores estamos exigiendo contenido de calidad más allá del entretenimiento. Tal ha sido el caso de producciones como Hasta los dientes, Somos, o Las tres muertes de Marisela Escobedo, que si bien forman parte ahora de plataformas de entretenimiento, dan ese plus del que hablo. En esta ocasión busco plasmar no mis impresiones sino mis desacuerdos y comentarios al ir relacionando el excepcional documental El caso Cassez-Vallarta con los pendientes de la transformación (y deudores como lo dije anteriormente) en los organismos públicos que deben impartir justicia en el país.

Si nos dedicáramos a buscar ejemplos o casos en los que se haya demostrado esta inoperancia, podríamos dejar que nos abra la puerta este montaje que se remonta a diciembre del 2005. ¿Los protagonistas? La extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y el “periodista” Carlos Loret de Mola, en una puesta en escena dirigida y producida por la emblemática televisora nacional Televisa en su programa matutino (estelar de aquel entonces) Primero Noticias. Ese espléndido montaje funcionó como precuela a otro teatro que manchó la historia del país de sangre como lo fue el combate al crimen organizado en 2008 con la declaración de la absurda guerra contra el narcotráfico; el montaje más sádico y cruel de la época moderna de México en el que hubo un aumento estratosférico de homicidios y desaparecidos en el país.

¿Los guionistas de esta precuela? El director de la AFI y secretario de seguridad del presidente Calderón, Genaro García Luna (actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada), junto con el condecorado y portador de la medalla del superpolicía en el mismo sexenio, Luis Cárdenas Palomino, quien participó abusando y torturando a falsos culpables de secuestro. En palabras del expresidente francés Nicolás Sarkozy: “Sabemos que en este caso en particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior (García Luna) y su ministro, en este caso en particular, era más poderoso que el presidente”, afirmación que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su larga lucha para combatir la corrupción, ya había declarado y documentado durante su trayectoria pública como luchador social.

El año pasado, en un ejercicio sin precedentes, las y los ciudadanos que así lo quisieron, tuvieron la oportunidad de participar en un ejercicio democrático que conocemos popularmente como consulta de juicio para los expresidentes. En esos días, observamos que la Fiscalía General de la República en una constante presión para otorgar resultados, investigó y actuó sin detenimientos contra Guerreros Unidos, por lo que se necesitaron unas horas y dos millones de pesos en soborno para que el juez en turno dejara libre a “El Mochomo”. Fuimos miles los promotores de la consulta popular porque genuinamente creímos que sólo los ojos de millones de mexicanos y mexicanas podrían hacer frente al podrido Poder Judicial.

Después del último informe del subsecretario Alejandro Encinas respecto al caso Ayotzinapa, tanto él como el Presidente han hecho énfasis en mencionar que fueron más de 70 las personas liberadas por haber sufrido torturas en sus interrogatorios. Sin embargo, en ningún momento de la sentencia como parte de la búsqueda de justicia, se menciona quien o quienes fueron los torturadores y así es como los redactores de la verdad histórica creyeron haber ocultado sus delitos propios del fascismo.

En la excepcional serie que mencioné previamente, en el segundo párrafo, podemos observar la impunidad que se promovió desde el más alto nivel del poder, así como la manera en la que ha ido operando el poder judicial en complicidad con organismos policiales locales denominados de élite o de reacción, así como el papel de los medios de comunicación en la legitimación de las prácticas más rancias. La tortura de Luis Cárdenas Palomino en horario estelar a través de Primero Noticias, transmitida con orgullo y alegría por Loret de Mola, debió ser suficiente para que los supuestos implicados fueran liberados. Sin embargo, es importantísimo mencionar que las acciones del denominado por Felipe Calderón como el mejor policía de México, no tienen punto de diferencia con lo que han sufrido todas las y los jóvenes que en lo extenso de Coahuila han sido levantados en los últimos años y llevados a un proceso judicial por portación de droga que nunca habían visto ni adquirido, y que huele igual que los dedos de las fuerzas policiacas que los detuvieron.

No obstante, el montaje del caso Cassez-Vallarta es la muestra de que la forma perversa de operar de los que deberían impartir justicia era una regla, y no un caso aislado en materia de seguridad pública; la burda artimaña y el evidente montaje demostró que no sólo es el primero y el último de este tipo realizado para engañar al pueblo de México en la época oscura de los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, y buscar implantar una falsa realidad de seguridad a través del castigo público y la tortura en los medios de comunicación.

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