Los números hablan: La inseguridad y el crimen, un reto para los gobiernos en México
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La victoria de Claudia Sheinbaum dejó satisfecho al 68 por ciento de la población. A la pregunta sobre las prioridades de la próxima presidenta, el 49 por ciento menciona el combate a la inseguridad y el crimen y 30 puntos abajo mencionaron la economía.
Las cifras provienen de la encuesta telefónica levantada entre el 6 y el 10 de junio por Alejandro Moreno y publicada en El Financiero el lunes pasado. La prioridad, al menos en lo que a la seguridad se refiere, embona con los planes de Claudia Sheinbaum quien ha sido muy clara sobre la importancia de un tema que abordará replicando la estrategia implementada en la capital.
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Mientras nombra y reestructura al gabinete de seguridad a la medida de sus proyectos, tendrá que decidir cuáles prioridades del vasto tema atenderá primero. La expansión territorial, aclaro, está dándose por toda América Latina.
La semana pasada estuve en el Congreso de Latinoamericanistas (LASA) realizado en Bogotá. Participé en un panel sobre economías ilegales y confirmé que la delincuencia organizada se ha lanzado a controlar gobiernos locales por toda América Latina. Arrebatar las llaves de los cabildos le da acceso a un gigantesco y lucrativo abanico de oportunidades. Aquí y allá tienen en la mira los recursos naturales: bosques, minerales, tierras raras, huachicol o venta de agua potable en pipas. Es una voracidad salvaje y brutal que trasciende linderos o fronteras.
En México las elecciones pasadas confirmaron la pujanza de la ofensiva criminal sobre los gobiernos locales. Según Manuel Pérez Aguirre, quien investiga la violencia letal en las elecciones mexicanas para el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colmex, en el periodo pasado fueron ejecutados 36 candidatos que en su mayoría aspiraban a cargos locales. Tras los velatorios se acumulan violencias menos visibles.
Las consultoras privadas, las universidades, los medios y las organizaciones de la sociedad civil elaboran las estadísticas que los gobiernos regatean. Lantia Intelligence informó en mayo pasado que ¡2 mil 072! aspirantes a gobiernos locales en Chiapas, Michoacán, Estado de México, Zacatecas y Chihuahua renunciaron a la contienda por “potenciales agresiones de violencia política electoral”. Ignoramos qué pasó en las otras 27 entidades. Seguimos en la oscuridad sobre el nivel de penetración de los criminales en las alcaldías y gobiernos estatales.
El nuevo Gobierno Federal tendrá uno de sus mayores retos en esos municipios dejados a su suerte por el actual Gobierno Federal y la mayor parte de los gobiernos estatales. Los protagonistas son, sin duda, las corporaciones policíacas. No obstante que de manera aislada existen experiencias exitosas en municipios y núcleos campesinos, Ernesto López Portillo, que coordina un proyecto en la Universidad Iberoamericana de la CDMX y lleva 35 años promoviendo la profesionalización de los cuerpos policiales, fue enfático en la conversación que tuvimos para este texto: “No conozco a ningún partido político que se tome con seriedad el problemón de la seguridad local”.
El fortalecimiento de las corporaciones policíacas locales no puede posponerse, pero tampoco apresurarse. Llevará tiempo y requerirá de compromiso, paciencia y recursos federales y estatales. Necesitará también claridad en los objetivos, solidez en la selección de prioridades y método, y el apoyo de las sociedades locales.
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Las capitales de las 32 entidades ofrecen una línea de trabajo abandonada por gobiernos y partidos. En esas ciudades las urnas entregaron el pasado 2 de junio un empate virtual en la población gobernada. Morena triunfó en 13 capitales, los opositores se quedaron con 18. Las alcaldías de la capital se las dividen entre ambos: Morena se impuso en 11 y el PAN en 5. En las capitales de todo el país Morena y aliados gobernarán a 15 millones 202 mil 995 y el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a 14 millones 794 mil 200.
Es un error centrar las exigencias solamente en los gobiernos de Morena o delegar las soluciones en Palacio Nacional. Los partidos opositores gobiernan a millones de personas y tienen la obligación de demostrar con seriedad y hechos su propuesta de seguridad. La sociedad organizada tiene que exigir resultados a ambos. Los números hablan.
Colaboró Erick Morales
