Los pactos de Rocha Moya, ¿y los que nunca se juzgaron?

El tema de ahora es Sinaloa: el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y sus presuntos vínculos con el narcotráfico, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidiera su extradición para ser juzgado por un presunto pacto con el cártel de Sinaloa que lo llevó a ganar precisamente las elecciones para gobernador.

Las preguntas ahora mismo son: ¿cuándo caerá Rubén Rocha Moya y su círculo cercano? y ¿a qué niveles ese pacto era parte de las más altas esferas del país? Aunque las preguntas también deberían ser: ¿qué otros gobiernos han pactado con el narcotráfico ahora mismo? y ¿cuántos no lo hicieron en el pasado y salieron completamente impunes?

A propósito de las palabras, el viernes, del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna, donde el mandatario aseguró que el 2025 fue el mejor año en temas de seguridad de los últimos 30 años y subrayó que, de los delitos de alto impacto registrados en la entidad, ninguno está vinculado con la delincuencia organizada.

A Coahuila se le vende hoy casi como una isla en materia de seguridad, donde los cárteles supuestamente no existen. Y eso, en un país donde ocurren 51 homicidios diarios, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico, es algo relevante de mencionar.

Las palabras del gobernador de Coahuila, coincidentemente, llegaron exactamente a 16 años del ataque a “Las Juanas”, la discoteca de Torreón que el 15 de mayo de 2010 fue baleada en su inauguración, con un saldo oficial de ocho personas asesinadas. Fue un caso en los tiempos en que pistoleros salían de Gómez Palacio, Durango, para cometer asesinatos y tiroteos en bares o quintas, cuando era impensable que no existiera colusión –o al menos omisión– por parte de las autoridades de gobierno.

Eran los años en que había ataques a bares y lugares públicos. Los años en que las corporaciones policiacas trabajaban para el cártel y desaparecían personas. Los años de Allende. Los años de los autogobiernos en los penales o de la fuga de más de 100 reos en Piedras Negras. Los años en que el crimen organizado se imponía, a discreción, en territorio coahuilense.

Y no, no hubo un gobierno de Estados Unidos que pidiera la extradición de algún poderoso gobernante por haber pactado con el narcotráfico en Coahuila. Por eso las preguntas: ¿Cuántos gobiernos antes de Sinaloa pactaron también con el narcotráfico y sus gobernantes resultaron impunes? ¿Cuántos no siguen trabajando en las estructuras de gobierno, en universidades públicas, en partidos políticos o se hicieron empresarios? ¿Cuántos no andan campantes de vacaciones o viviendo como millonarios?

Lo de Rubén Rocha Moya no solamente pone bajo la lupa a Sinaloa, sino también bajo sospecha a toda una generación política del país que ha crecido a la par de una guerra contra el narcotráfico que, innegablemente, raspa a políticos.

AL TIRO

La pregunta inevitable es: ¿en cuántos otros estados sucede o sucedió exactamente lo mismo que en Sinaloa? Tal vez la diferencia no es quién pactó y quién no, sino quién terminó siendo exhibido y quién logró mantener intactos sus acuerdos.

Coahuila, por supuesto, no es el mismo estado de hace 15 años. Sería absurdo afirmarlo. La violencia desbordada disminuyó y la realidad cotidiana es distinta a la de aquellos años, cuando salir de noche implicaba miedo y la muerte de inocentes, como la de dos amigos míos aquella noche en Las Juanas, hace 16 años.

Sin embargo, ningún estado mexicano está completamente aislado de las dinámicas del crimen organizado. Pensar que los cárteles no operan en determinado territorio porque no hay balaceras visibles es reducir el fenómeno a su expresión más violenta. El narcotráfico también se mueve en silencio: en redes financieras, en control económico, en tráfico de combustible, en extorsiones discretas, en protección política o en inversiones aparentemente legales.

El caso Rocha Moya obliga a mirar hacia atrás y preguntarse cuántos episodios de violencia en México no fueron únicamente producto de los cárteles, sino también de acuerdos políticos tolerados, negociados o encubiertos. Obliga a cuestionar la impunidad del funcionario que convivió y creció al amparo de pactos con el crimen organizado.

Todavía por allí siguen muchos de ellos.