Maldita impaciencia: resolver la inseguridad llevará tiempo, Sheinbaum lo sabe

Está equivocado quien haya creído que en las primeras semanas habría un cambio en las condiciones de inseguridad del país. Es un exceso hacer un juicio concluyente de la estrategia de seguridad del régimen y de sus responsables, más con los resultados a la vista. La violencia en el país se desenvuelve en muchos planos y no está por demás considerar las consecuencias del secuestro y detención de “El Mayo” Zambada, así como su entrega a las autoridades norteamericanas de Joaquín Guzmán López, responsable de la operación.

En Querétaro la ejecución de 10 personas en un bar en el centro de la capital, una de las ciudades con mayor seguridad, es una señal muy preocupante. Fue un operativo del cártel Santa Rosa de Lima para aniquilar a uno de los jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR: El cambio incontenible: las dos pistas políticas en México y EU

El asesinato en fechas diferentes de los tres funcionarios más importantes de Chilpancingo y la persistente guerra en Culiacán, además de otros hechos criminales de alto impacto, como el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas o los recientes homicidios de cinco personas en Cuautitlán Izcalli, conforman una secuencia que muestra que la violencia persiste, llevará tiempo y un esfuerzo coordinado para obtener buenos resultados. Muy importante son las detenciones que ha informado el secretario García Harfuch a lo largo de estos 40 días.

La estadística criminal es engañosa. Los reportes debieran incluir en una cifra agregada los homicidios y desapariciones. Por ejemplo, en Culiacán se habla de más de un centenar de personas que no se encuentra. Si se continúa con esta práctica, de ignorar a los desaparecidos, criminales y autoridades concurrirán en la conveniencia de ocultar asesinados y con ello presentar una realidad engañosa.

Los expertos aluden a muchas causas que llevan a la criminalidad violenta. El problema para el diagnóstico y la respuesta es que los homicidios, en su mayoría y los más preocupantes, son del crimen organizado, el que desde hace mucho tiempo ha ido integrando varias “líneas de negocio”, además del trasiego y venta de estupefacientes, el huachicol, derecho de piso y otros casos generalizados de extorsión, el tráfico de migrantes, acceso a los ingresos municipales, etc.

Los indicadores son inequívocos, la impunidad es la causa genérica de violencia criminal, es decir, la incapacidad de las autoridades para llevar a la justicia a los criminales. Asimismo, debe haber una embestida en contra de los negocios y finanzas asociados al crimen, así como su presencia en instancias de autoridad municipal, local y federal.

La necesidad de privilegiar la inteligencia y fortalecer la capacidad del Estado para investigar hechos delictivos son fundamentales para abatir la impunidad, y en esto es un acierto la reforma constitucional en curso. Dos instancias son críticas para la colaboración con las autoridades del Gobierno Federal: las fiscalías y el Poder Judicial Federal y los locales.

El mensaje debe ser inequívoco y enérgico en términos de detenciones, procesos judiciales y sentencias. Luchar con la ley en la mano nada tiene que ver con la descalificada e ineficaz estrategia de “guerra contra el narco”; en su lugar debe existir guerra contra la impunidad, con muchas implicaciones en el orden económico, político y social, no solamente el legal.

TE PUEDE INTERESAR: Una Supersecretaría para un supersecretario: La apuesta de Sheinbaum por García Harfuch

Seguramente que la evaluación de la cadena institucional para la seguridad habrá de revelar la insuficiencia en probidad, capacitación y capacidades en muchas de las instancias locales y municipales relacionadas con la seguridad pública. No es casual: el abandono acumulado lleva demasiado tiempo, los programas de seguridad han considerado siempre fortalecer a las instancias locales y municipales, pocos estados lo han hecho. Casos singulares son el de Querétaro, Coahuila, Yucatán y, para destacar, el de Zacatecas; mérito de la FGR en el recuento que hace.

Los responsables de la estrategia de seguridad deben recibir un respaldo total institucional y social. En bien del país, es preciso sustraerlos de la dinámica política que mucho desgasta y nada aporta. La presidenta Sheinbaum lo tiene claro y a eso se encamina la reforma aprobada por unanimidad. Ganar terreno al crimen llevará tiempo, persistencia y claridad de objetivos. La lucha contra la impunidad no será fácil y son previsibles poderosas resistencias. La estrategia plantea acciones convincentes y el responsable de ejecutarla, Omar García Harfuch, ha probado eficacia y profesionalismo. Por lo que está de por medio, es de sentido común hacer de lado la impaciencia.