Matamoros, Coahuila: el negociazo de los autos ‘chocolate’

No constituye novedad alguna enterarse de cómo un grupo de servidores públicos -mexicanos, por supuesto- encuentra la forma de convertir un programa gubernamental en un foco de corrupción y, merced a ello, allegarse importantes ganancias económicas... de forma ilegal.

Eso justamente ha ocurrido, de acuerdo con los diversos testimonios recabados por este espacio, con la operación del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera -comunmente conocidos como “chocolates”- dispuesto por el Gobierno de la República en enero de 2022 y prorrogado hace unas horas hasta el último día del actual sexenio.

En concreto, eso está ocurriendo en el municipio de Matamoros, Coahuila, donde se ha construido una red de complicidades gracias a la cual el procedimiento se ha “encarecido” a más del doble de los costos oficiales debido a los múltiples “moches” exigidos en dos oficinas concretas: el Registro Público Vehicular (Repuve) y la Recaudación de Rentas.

El negocio, de acuerdo con lo explicado por diversas fuentes, tiene dos vertientes: la correspondiente a los solicitantes de regularización cuya documentación se encuentra en orden y la correspondiente a quienes incumplen -total o parcialmente- algún requisito.

En el caso de los primeros, la necesidad de “cooperar pa’ los chescos” se logra “atorando” el trámite de potenciales víctimas, a quienes se ofrece cualquier pretexto para diferir la liberación de holograma con el cual se ampara la regularización de la unidad. Posteriormente se les deriva con un “gestor” quien ofrece “desatorar” el trámite... a cambio, claro, de una “compensación”.

En el segundo caso la “gestoría” se vende ofreciendo la tramitación y expedición de actas notariales con las cuales se “subsanan” los errores y/o insuficiencias del expediente. Esta parte del negocio resultó particularmente lucrativa para quienes diseñaron el esquema, pues la “certificación” de documentos y hechos se ha realizado utilizando el nombre, documentación y sello de un notario ¡muerto desde febrero de 1995!

¿Y de a cómo es la “cooperación”? El esquema se encuentra totalmente normalizado, al grado de circular el “tarifario” de servicios, sin restricción ni rubor algunos, a través de mensajes cía Whatsapp, en los cuales aparecen perfectamente divididos los conceptos:

Por los trámites oficiales, 7 mil 200 pesos. De estos, 2 mil 500 corresponden al derecho cobrado por la Secretaría de Hacienda, 3 mil 500 a los derechos vehiculares, incluidas las placas, y 1 mil 200 pesos a los servicios del notario, en caso de requerirse.

Luego vienen las “cooperaciones”, las gratificaciones en agradecimiento a la gestoría: “Edgardo 3,500”, dice textualmente el mensaje compartido, concepto presuntamente correspondiente al “moche” exigido por el responsable de la oficina del Repuve, Edgardo Ayup Guerrero.

En el siguiente renglón se estipula una cuota de 1 mil 500 pesos por el concepto “E. Placa” correspondiente a la “entrega de las placas” por parte de la Recaudación de Rentas a cargo de José Alberto Rodríguez Blanco. Finalmente, un pago de 1 mil 800 pesos al “gestor”.

Con ello, un tramite cuyo costo, en teoría, no debería superar los 6 mil pesos termina significando para los propietarios de vehículos un desembolso de 14 mil pesos. Más de la mitad de esa cifra la constituyen sobornos y pagos por la elaboración de documentos ilegales.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Coahuila se han regularizado, desde el inicio de vigencia del decreto presidencial hasta el 4 de marzo pasado, 160 mil 70 unidades. ¿Cuántas de esas pasaron por las oficinas del Repuve y la Recaudación de Rentas de Matamoros?

Pongamos, solamente para realizar el ejercicio aritmético, la cuarta parte. Estaríamos hablando de un “negocio” de alrededor de 270 millones de pesos para quienes “se pusieron vivos” y encontraron la forma de sacarle jugo al programa de regularización vehicular.

Seguiremos en el tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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