México: 130 mil desaparecidos

Son alrededor de 130 mil personas desaparecidas en México. Cinco administraciones, cientos de miles de millones de pesos y los resultados no llegan. En el gobierno de Vicente Fox, los desaparecidos rebasaron las mil personas; con Felipe Calderón, la cifra llegó a superar los 16 mil. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se duplicó la cifra de su antecesor y superó los 33 mil desaparecidos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador prometió mucho, pero el resultado fue peor: fueron más de 63 mil personas desaparecidas. En su segundo año de gobierno, Claudia Sheinbaum acumula alrededor de 16 mil personas desaparecidas. Va a superar en su segundo año la cifra de Calderón en seis años de gobierno.

Importante hacer una aclaración que suele perderse en las discusiones, sobre todo en esta época de polarización y ruido en donde las discusiones objetivas parecen estar prohibidas. Estoy convencido de que ninguno de los presidentes es responsable directo de esto, es decir, ninguno de ellos quiere que desaparezcan personas en México. Pero una cosa es su querer y otra es el resultado de su gestión; la gestión administrativa no es lo mismo que deseos y convicciones personales del gobernante. El director de una empresa o de una asociación puede estar mil por ciento convencido de querer resultados óptimos para su organización, pero eso no es suficiente. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones.

Los gobernantes en México, el mundo y la historia son muy dados a creer que su sola voluntad, con instrucciones, basta para que se hagan las cosas. La realidad les hace ver que no es así. Sólo con reglas, personal capacitado, leyes y procesos, que conforman instituciones, se pueden hacer las cosas y, de pasada, blindarse para el bien común de la sociedad. Algunos objetivos se lograrán en el corto y mediano plazo; otros se conquistarán para beneficio de otras generaciones.

El Comité de Naciones Unidas que vigila la Convención contra las Desapariciones Forzadas activó el artículo 34 del tratado respecto a México. No es un trámite burocrático. El organismo considera que el fenómeno de las desapariciones forzadas podría ser generalizado o sistemático, lo que en el lenguaje del derecho internacional equivale a una alarma mayor. La respuesta oficial fue predecible: cuestionar el procedimiento, matizar los alcances, resistirse al diagnóstico. Es el reflejo condicionado de toda administración que prefiere gestionar la imagen antes que enfrentar la realidad.

No podemos decir que el Estado mexicano haya ignorado el problema como tal: ha respondido con dinero. Miles de millones de pesos se han destinado a comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas, laboratorios forenses y sistemas de información, pero los resultados no son proporcionales al gasto. Hay bases de datos que no se comunican entre sí, fiscalías que no concluyen investigaciones, la enorme mayoría de los delitos no se denuncian y la impunidad sigue ganando por arriba del 98 por ciento. El problema ya no es la ausencia de estructura; es la ineficacia de lo que se ha construido. En esta materia, todos los gobiernos han fracasado: los del PAN, los del PRI y los de Morena, los federales y los estatales.

Coahuila tiene su historia particular en este drama. Fue uno de los primeros estados donde la desaparición se volvió sistemática bajo el reinado del crimen organizado, y fue también donde las familias aprendieron, antes que nadie, que esperar algo del Estado era inútil. Fuimos el primer lugar nacional en personas desaparecidas documentadas. Las masacres de Allende y Piedras Negras, en su crueldad, son lo más visible de una historia de terror que aún no se cuenta ni se reconoce en su totalidad.

En la búsqueda de desaparecidos no lidera el Estado: lideran las familias. Las madres, los hijos, los hermanos que rastrean terrenos, revisan fosas y exigen información en oficinas, donde prefieren no atenderlos. Lo hacen con sus propios recursos, con su tiempo y con un riesgo personal que en muchos casos ha costado vidas. Han logrado resultados que las instituciones no alcanzaron. Esa valentía es admirable y, al mismo tiempo, es la evidencia más contundente del fracaso institucional. En Coahuila, la labor de FUUNDEC es admirable y heroica.

El informe de Naciones Unidas no es la causa del problema, tampoco es una agresión; es el registro de lo que ya sabíamos: México tiene más de 130 mil personas desaparecidas, el gasto institucional no ha producido resultados y las familias han tenido que sustituir al Estado. Es el resultado de decisiones políticas equivocadas, de omisiones institucionales, de corrupción y de una impunidad que ha operado durante demasiado tiempo sin consecuencias.

La pregunta ya no es si México enfrenta una crisis. Es si hay voluntad real para resolverla, y no se trata de la voluntad personal de los gobernantes, sabemos que la pueden tener, sino de una voluntad efectiva, organizativa y pragmática. Tanto tiempo sin resultados sólo nos lleva a concluir que el fracaso es rotundo y lo es de todos, más allá de colores partidistas o niveles e instancias de gobierno. ¿Qué los detiene? Sigamos con la discusión.

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