México vuelve a malabarear la cifra de personas desaparecidas

México presentó nuevamente un informe acompañado de datos y un nuevo método sobre la gran tragedia nacional: las desapariciones.

El gobierno mexicano reconoció que existen 132 mil 534 personas desaparecidas. Sin embargo, dividió esta cifra en tres categorías: únicamente el 33 por ciento, es decir, 43 mil 128, cuentan con datos suficientes para llevar a cabo su búsqueda. Además, en 40 mil 308 casos (31 por ciento) existen supuestamente actividades tras su desaparición. Mientras que en 46 mil 742 (36 por ciento) no hay datos suficientes para emprender una búsqueda.

Es en esta nueva categorización donde recae el debate, la crítica y los vacíos.

Primero, la cifra del 31 por ciento, la de las personas reportadas como desaparecidas, pero que han tenido algún tipo de actividad “oficial”, como puede ser haber votado, haberse vacunado contra el COVID-19, haberse casado, registrar a hijos o haber acudido a alguna consulta en el IMSS o ISSSTE.

Para el gobierno, en el fondo, se trata de una población que no está realmente desaparecida y cuya situación no necesariamente está relacionada con un crimen.

Está la cifra del 36 por ciento de los registros que no tienen datos suficientes. Durante años, prácticamente cualquier persona podía añadir un reporte, sin necesidad de una carpeta de investigación y con datos muchas veces insuficientes: apenas un nombre, sin sexo, sin fecha, sin lugar de los hechos, características inciertas, entre otras.

“Si bien el 71 por ciento de estos fueron subidos por las fiscalías al registro nacional, sólo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación y 26 mil 611 son solamente reportes”, declaró Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La cifra de los 46 mil 742 que no tienen datos suficientes refleja el desorden histórico de los mecanismos para contabilizar el fenómeno de las desapariciones, así como el deficiente trabajo de las fiscalías estatales para hacer lo que les corresponde hacer. El problema, además, es que no se mencionó ninguna acción para corregir esta cifra.

Asimismo, es en esta estadística donde muchas organizaciones han alzado la voz: “En un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93 por ciento, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia de desaparición es una distorsión de la realidad”, refiere un comunicado respaldado por varias organizaciones no gubernamentales.

El argumento es tan sencillo como poderoso: “Reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es sólo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”.

Las fiscalías, por ley, están obligadas a abrir carpetas de investigación por desaparición, pero esta narrativa olvida las malas prácticas –“al rato regresa, se fue con la novia o novio”, dijeron a cientos de familias para no levantar la denuncia–; olvida las amenazas y el temor que miles de familias han vivido.

Hablar de 43 mil 128 registros bien hechos y donde no hay evidencia de actividad posterior es buscar minimizar la gravedad de la crisis.

AL TIRO

El desaseo burocrático para atender el problema de las desapariciones en México va más allá de un método para contabilizar la cifra real. Es un problema que abarca muchos problemas: burocracia, corrupción sistemática, malas prácticas, crisis forense, falta de voluntad, falta de presupuesto, falta de investigadores y mala clasificación del delito.

Suman 20 años del inicio de la crisis de violencia sin que hasta la fecha haya una política de atención a la tragedia de las desapariciones. Son 20 años sin una política eficaz de búsqueda. Son 20 años tratando de minimizar el problema por parte del Estado mexicano. Son 20 años de malabares.