Moratoria a las concesiones: ¿resuelve la crisis del agua?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que, frente a la crisis de abasto de agua que se vive en el norte del país, la Comisión Nacional del Agua ya no entregará más concesiones ni permisos para la explotación de fuentes del líquido.

“Ya no se pueden seguir otorgando concesiones... no se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra. Ya hay que pensar que no sólo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo, como el gas, pero no nada más el capital”, señaló el mandatario.

Advirtió, sin embargo, que la decisión de su Gobierno tiene que ser acompañada por los gobiernos estatales y municipales: “...que se cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en La Laguna, ya eso no se puede repetir. Y sí, es ejemplar lo que se ha hecho en producción de leche en La Laguna, pero ya ese modelo hay que irlo aplicando, trasladando a otras regiones porque la alfalfa consume mucha agua, y no hay”, dijo.

Suena lógico, a primera vista, que la reacción frente a la crisis que se padece en prácticamente todas las zonas urbanas del norte de México sea frenar la explotación de los mantos acuíferos como una primera respuesta mediante la cual se contenga el problema.

Tal medida, sin embargo, es y será insuficiente por sí sola porque equivale a considerar que el problema de congestión vehicular en las zonas urbanas se resolvería simplemente prohibiendo que se fabriquen y vendan más automóviles.

Desincentivar el uso de los autos es la respuesta de fondo, desde luego, pero la ruta para mejorar el tráfico vehicular implica, sobre todo, ofrecer alternativas eficientes y eficaces de movilidad en las ciudades. En la medida en que el auto no sea necesario para un número creciente de personas, se usará menos.

Lo mismo ocurre con el agua: la meta que se persigue no consiste en lograr que nadie más pueda perforar un pozo y extraer agua del subsuelo, sino que el líquido disponible se utilice de forma racional destinando a cada actividad la que esta requiera y obligando a los usuarios a ser eficientes en su empleo.

Eso implica muchísimo más que declarar de forma unilateral una “moratoria” sobre las concesiones de explotación. Lo que se requiere más bien es que el Estado recobre su papel rector en este campo y aplique la ley sin excepciones, poniendo coto a los abusos, al tráfico de concesiones y al uso ineficiente del agua concesionada.

Si no comienzan a darse pasos claros en este sentido, lo declarado ayer quedará -como ha ocurrido muchas otras veces- en una manifestación de buenas intenciones que dejará el problema intocado y, si acaso, diferirá
un poco en el tiempo la siguiente crisis.

Las cosas se han hecho mal en este rubro. Pero cambiar esa realidad demanda mucho más que salir a declarar que la Conagua ya no otorgará concesiones.