¿Muerte a las organizaciones de la sociedad civil?

A mi Hermano, Alberto Villarreal González. In Memoriam.

El sábado 21 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) eliminó el registro de 13 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y revocó el permiso a 100 para recibir donativos deducibles de impuestos. Entre ellas se encuentran organizaciones críticas a la 4T desde 2018: Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, cuya función en las áreas de educación, análisis de políticas públicas y desarrollo económico ha sido vital para generar argumentos con evidencia empírica que permitan analizar y discutir, desde una visión crítica, el ejercicio del poder de la 4T.

La justificación del SAT fue puntual: esas “asociaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la legislación vigente para mantener su calidad de donatarias autorizadas”. Una legislación, justo es decirlo, recién modificada por el SAT, que transformó sin avisar los mecanismos de validación para este tipo de actividades y generó vacíos en el proceso de certificación. Magnánimo el SAT. Sin embargo, otorgó a las 100 OSC un plazo de 12 meses para recuperar su autorización, so pena de verse obligadas a “transferir su patrimonio a otra organización que sí cuente con dicho permiso”. Ya metidas en el laberinto burocrático, las 100 OSC podrían desaparecer en su esfuerzo por transitarlo.

Esta medida, sin embargo, es parte de una estrategia integral de la 4T para desaparecer a las ONG en México, que inicia desde 2019 con cinco vertientes: Primera, asfixiar de manera selectiva las finanzas de las OSC. Con tal objetivo en mente, AMLO canceló subsidios federales a OSC (2019-2021), bajo la premisa de eliminar transferencias públicas directas a ellas y evitar su papel como intermediarias en programas sociales.

De manera puntual, en 2020, extinguió 100 fideicomisos públicos que beneficiaban a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas, científicos y creadores culturales.

De esta manera, AMLO desintegró el modelo de coinversión Estado-sociedad civil para desfinanciar y fragmentar a miles de OSC.

Segunda vertiente: eliminar intermediarios entre gobierno y ciudadanía. De 2019 a 2024, AMLO rediseñó el modelo de política social mediante los programas sociales con transferencias directas a la gente y dejó fuera la intermediación de las OSC. De esta manera, centralizó la operación de dichos programas en el Estado y redujo las capacidades operativas y el alcance territorial de las OSC.

Tercera vertiente: deslegitimar simbólicamente el poder y la aportación de las OSC. Desde las “mañaneras”, AMLO polarizó el espacio cívico de las OSC para erosionar la confianza y credibilidad pública en ellas. Las acusó de ser “simuladoras”, “corruptas”, “conservadoras”, “neoliberales” y “adversarias políticas”. En su narrativa antagónica, privilegió al “pueblo” versus “la ciudadanía” como la categoría dominante ligada a la 4T.

Cuarta vertiente: recentralizar el control de los programas sociales sin participación de las OSC (en consejos ciudadanos o mecanismos participativos): AMLO desapareció los esquemas de gobernanza colaborativa con las OSC. De esta manera, difuminó el modelo de la OSC para afirmar el modelo centralizado del Estado.

Y quinta vertiente: ejercer una mayor presión fiscal mediante el SAT a las donatarias de las OSC con el objetivo de incrementar su costo de operación y desincentivar la crítica organizada.

En esencia, la 4T busca, bajo criterios autoritarios, centralizar el poder público dentro del Ejecutivo; eliminar la intermediación social de las OSC y redefinir el principio de legitimidad técnica y de incidencia social por uno político electoral para fortalecer la construcción del segundo piso de la transformación.

La pregunta: ¿Han iniciado ya las OSC vigentes un proceso de reflexión autocrítica para reinventarse a la luz de esta embestida estatal de corte autoritario que busca desaparecerlas? ¿O pensarán que con patear el bote, que porta la inscripción “aquí no pasa nada”, es suficiente?