Negar la tragedia de los desaparecidos: Razón de Estado

El domingo pasado, “El Sol de México” publicó un extenso reportaje sobre Patrocinio, un predio de 64 hectáreas ubicado en la región de La Laguna, Coahuila. En ese lugar, miembros del grupo Los Zetas llevaban a personas, las desmembraban, incineraban, trituraban sus restos y enterraban. El sitio fue descubierto en 2015 gracias al perro de un pastor que desenterró los primeros huesos humanos.

A lo largo de los años, se han desenterrado en Patrocinio cientos de miles de fragmentos óseos. Colectivos de búsqueda señalan al sitio como un campo de exterminio porque ahí se borraba toda evidencia de que una persona existió. En la región de La Laguna ya se han identificado al menos 8 sitios similares. En los 9 sitios se ha desenterrado una tonelada y media de restos humanos. En abril de 2024, Juana Isabel Barraza supo que en Patrocinio había sido encontrado un fragmento de la columna vertebral de su hija, Sandra Yadira, desaparecida desde 2008. Según Juana y otros familiares, antes de ser desaparecida, Sandra había sido detenida, junto con una amiga, por policías municipales en Torreón. Los agentes entregaron a ambas a Los Zetas.

En marzo de 2025, colectivos de búsqueda de Jalisco ingresaron a un predio, conocido como Rancho Izaguirre, que operaba como un centro de adiestramiento del CJNG y también como centro de extinción. En esa primera visita encontraron y fotografiaron casquillos de bala, estructuras para adiestramiento, huesos calcinados, ropa, zapatos, bolsos, mochilas, cartas de despedida, llaves y otros objetos personales. Ante la denuncia sobre el hallazgo, la FGR atrajo el caso, aunque negó que existieran hornos crematorios.

Algunos sobrevivientes, sin embargo, afirman que jóvenes eran engañados o secuestrados por miembros del cartel y llevados al rancho, donde eran sometidos a entrenamientos, obligados a asesinar personas, descuartizarlas y quemar los cuerpos. Quince días después del hallazgo del sitio, las autoridades abrieron la propiedad a la prensa y familiares. Todo había sido limpiado, sin dejar huella de las pertenencias o restos humanos encontrados previamente por los familiares. A un año de estos hechos, han sido detenidas 47 personas y 10 han sido sentenciadas, pero las familias esperan aún saber qué pasó en Izaguirre y tener acceso a los objetos encontrados.

En registros oficiales, hoy México tiene más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas. La mayoría son jóvenes entre 15 y 39 años. No sabemos cuántos han pasado por lugares como Patrocinio o Izaguirre y yacen enterrados en los campos o desiertos del país, porque el delito no se investiga. Esta es la realidad en la que la semana pasada el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de la ONU examinar lo que pasa en México y asistir al Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos. No fue una condena al gobierno actual, fue una alerta y una solicitud para establecer algún mecanismo que permita esclarecer la verdad y proteger a los colectivos de buscadoras. La respuesta del gobierno fue negar la tragedia y anteponer el manejo de una crisis política y el control de daños sobre las miles de vidas afectadas por la desaparición forzada. Sobrevive el Estado, mientras seguimos acumulando desaparecidos (y familiares que buscan), con anuencia o participación directa de autoridades de los tres niveles de gobierno.

@cataperezcorrea

Doctora en derecho