Nuevo Fiscal General: ¿se reformará la institución?

Aunque mucho se habla en estos días de la reforma al Poder Judicial y de cómo los cambios impulsados por el Gobierno de la República prometen convertirlo -ahora sí- en uno que cumpla las expectativas de la población, la verdad es que, aún cuando la judicatura mexicana requiere modificaciones, el verdadero problema del sistema de justicia en México no está en los juzgados.

La voces más especializadas lo han dicho con toda claridad desde hace mucho tiempo pero la discusión se ha evitado de forma recurrente: mucho más urgente que una reforma judicial es una auténtica “reinvención” del Ministerio Público. O de las hoy fiscalías generales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: nombran a Hugo Gutiérrez como nuevo titular de SSP tras salida de Federico Fernández

Y es que si una institución se ha quedado rezagada y sigue operando a partir de criterios no solamente viejos, sino incluso ilegales y contrarios a toda aspiración democrática, esa es la que, en el argot del gremio abogadil se conoce como “la representación social”.

Porque, en teoría, el ministerio público representa a la sociedad al momento de integrar una carpeta de investigación, recabar las pruebas respecto de la presunta comisión de un delito, judicializar el caso y perseguir la imposición de un castigo a quien o quienes lo hubieran ejecutado.

Resulta indispensable hacer la precisión, es decir, señalar que la afirmación anterior es algo que “en teoría” debiera ocurrir. Y es indispensable porque en los hechos no es así, pues el ministerio público ha sido convertido en un instrumento para el ejercicio despótico del poder, además de una gigantesca puerta de entrada al mundo de la corrupción.

La Fiscalía General de Coahuila no escapa a la descripción anterior: como cualquier otra fiscalía del país, la que en nuestra entidad debiera garantizar la investigación y persecución de los delitos con apego a criterios profesionales y mediante el uso de la ciencia y la técnica es, en realidad, una entidad pública que opera de espaldas al interés público.

El prolongado liminar viene a cuento a propósito de la designación, por parte del Congreso de Coahuila, de quien ocupará la posición de Fiscal General del Estado por los próximos siete años: el hasta ayer secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

TE PUEDE INTERESAR: Federico Fernández toma protesta como nuevo Fiscal General de Coahuila

Con independencia de lo que diga su hoja de servicio y de las credenciales con las cuales llega al cargo, Fernández tiene frente a sí un reto monumental: transformar a la institución del ministerio público en una que sirva realmente a los intereses colectivos.

Hacer esto implica mucho, muchísimo más que simplemente sustituir personas o cambiarlas de puesto: implica la necesidad de reconstruir la institución desde sus cimientos para que las tareas que se realizan desde ella se ajusten a criterios de legalidad, profesionalismo, respeto a los Derechos Humanos y uso intensivo de la ciencia y la técnica, elementos hoy inexistentes en la dependencia.

Como cualquier otro que ha llegado al puesto, Fernández Montañez ha expuesto un plan teóricamente orientado a lograr estos objetivos. Habrá que vigilar de cerca que lo lleve a cabo.