Nuevo León: ¿se encuentra el borde de una crisis institucional?

Uno de los problemas que México padece es el de la debilidad institucional. Son múltiples los ejemplos en los cuales los gobernantes logran pasar por encima de la ley para imponer su visión particular de cómo deben tomarse decisiones.

El problema surge cuando la visión particular de los gobernantes no concuerda con lo que dicen los textos legales que nos hemos dado para regular la vida pública o, peor aún, contraviene las reglas constitucionales que, al menos en teoría, no deberían estar sujetas a interpretación caprichosa.

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El comentario viene al caso a propósito de lo ocurrido ayer en el Congreso de Nuevo León donde, por segunda ocasión en poco más de un mes, se designó a un gobernador interino a partir de la solicitud de licencia tramitada por el gobernador Constitucional, Samuel García, quien ha decidido participar en la elección presidencial del próximo año.

La designación y toma de protesta, ayer, del vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco, ha dejado la puerta abierta a una crisis institucional en la vecina entidad, pues quienes integran el grupo gobernante -que ganó la elección de junio de 2021- ya anunciaron su rechazo a la designación del Poder Legislativo y la impugnación legal de la misma.

Antes, el 25 de octubre pasado, la Legislatura de Nuevo León había designado -y le tomó la protesta- como gobernador interino al hasta entonces presidente del Poder Judicial de dicha entidad, Arturo Salinas Garza. La designación fue echada abajo por un par de resoluciones judiciales.

El problema con este tipo de situaciones es que no pueden resolverse apelando solamente al texto literal de las leyes, sino que tienen un componente político imposible de ignorar. Ese componente se sintetiza en un cuestionamiento puntual:

Si un mandatario estatal, como Samuel García, decide participar en una elección presidencial -haciendo uso de sus derechos políticos-, la designación para ocupar la ausencia temporal que esa decisión produce, ¿debe hacerse cargo de la voluntad popular expresada en las urnas?

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En otras palabras, aún cuando el Poder Legislativo tenga la facultad constitucional de nombrar al mandatario interino, ¿el ejercicio de esa facultad debería estar en sintonía con la voluntad de los electores y, por ende, escoger a una persona afín al proyecto político que obtuvo el mandato popular?

La discusión no es fácil de zanjar en términos teóricos. Hay un buen número de argumentos en favor de una y otra posibilidad. Pero la dificultad en este caso no se ubica, por desgracia, en el terreno de la discusión teórica, sino en la escasa vocación democrática de nuestra clase política.

Debido a ello, Nuevo León se ubica hoy al borde de una crisis institucional capaz de producir indeseables resultados, pues todo indica que lo ocurrido ayer en la sede del Congreso, aunque no tuvo mayores consecuencias materiales, podría ser el inicio de un proceso de confrontación que se vuelva incontrolable.

Lo deseable, desde luego, es que eso no ocurra. Pero eso depende, fundamentalmente, de la madurez de quienes tienen a su cargo las instituciones políticas.