Nuevos jueces... viejo sistema judicial

Opinión
/ 11 junio 2025

Expusieron a la política partidista al único poder del Estado al que no corresponde hacer partidismo. La presión política y mediática, tradicional o vía redes sociales, tendrá un gran impacto en las decisiones de los jueces

No estuve de acuerdo con la reforma constitucional que modificó la forma de elegir a los jueces federales y locales de nuestro país. Me parece absurda. Y lejos de solucionar los problemas del Poder Judicial, los habrá de agravar. A esto hay que añadirle el fracaso de la elección misma. El nivel de abstencionismo fue enorme, casi 90 por ciento del padrón de electores ignoró el llamado a las urnas. Además, el número de votos nulos superó los obtenidos por la persona más votada en el proceso. La única misión observadora del proceso electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó en definitiva que no es recomendable un modelo de esta naturaleza en ninguna parte del mundo.

Sea como fuere, la elección ya fue: tendremos nuevos jueces locales y federales, y con eso habrá que lidiar. En términos generales podemos concluir que tendremos un Poder Judicial altamente partidizado. No podía ser de otra manera: expusieron a la política partidista al único poder del Estado al que no corresponde hacer partidismo. La presión política y mediática, tradicional o vía redes sociales, tendrá un gran impacto en las decisiones de los jueces. El asunto es que el deber de un juez consiste en juzgar lo que dice la ley, sea de manera textual o por su interpretación o jurisprudencia, y no en andar complaciendo a un público que, por lo general, desconoce el texto y el contexto de lo que se procesa.

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Es cierto que tanto en el esquema anterior como en el ahora vigente, los grupos de interés han estado metidos hasta el fondo en el Poder Judicial y que ha habido, y hay, una relación directa proporcional entre la fuerza de los grupos de poder y su influencia. Eso para la minoría de los intereses que estos grupos representan, pero para la gran mayoría de los casos, los del ciudadano común y entre ciudadanos comunes, esos duermen en la impunidad y la injusticia que nunca es pronta ni expedita.

Tres conclusiones más. Primero, en el frente local se confirman por segunda ocasión los pactos políticos entre el Palacio Rosa de Saltillo y el Palacio Nacional. Es claro que los edificios ni hablan ni pactan, pero sí las personas que los ocupan. En Coahuila, la 4T no metió las manos en nada, vaya, no propuso un sólo candidato. Coahuila fue el estado con más alta participación, y el acordeón federal de la 4T se respetó a cabalidad por unos y otros. Ya lo hemos dicho antes, no hay oposición que aguante cinco días en Saltillo.

Segundo, se crea un Tribunal de Disciplina Judicial. Todos sus integrantes son afines al nuevo régimen y, desde esa lógica, habrán de vigilar a todos los jueces federales del país. “Nada nuevo”, dirá usted. En efecto, es el sistema judicial mexicano antes de la reforma de Zedillo y hacia atrás. Habrá que ponerle lupa al tribunal de la neoinquisición. Claro está que sólo unos casos llevarán carga política, económica o ideológica. La mayoría se perderán en la injusticia generalizada.

Finalmente, está la Suprema Corte de Justicia. Ojo, es la que menos tiene que ver con el diario vivir de los mexicanos. Ahí hay que voltear la mirada a los jueces locales. Pero de vez en vez sí toman decisiones de gran trascendencia y con impacto generalizado. A la ministra que no se tituló le fue mal, la prometida Presidencia de la Corte no llegará, al menos por el momento. La esposa del ingeniero Riobóo, el contratista favorito de López Obrador, quedó en tercer lugar. La muy ideologizada Lenia Batres se ubicó en segundo lugar, demostrando una vez más que un proceso de esta naturaleza privilegia el reconocimiento de nombre o apellido por encima de la capacidad. La maestra Loretta Ortiz, que suena más racional en su libro de “Derecho Internacional Público” que en sus posturas en la Corte, también se afianza para un retiro en el máximo tribunal.

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El próximo presidente de la Suprema Corte será el abogado mixteco oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz. Es el exdirector general de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Muy cercano a su director general, Adelfo Regino Montes. Es muy interesante todo lo que se ha escrito sobre este personaje a todas luces desconocido por la prensa y la comentocracia. Las cosas que se dicen con tal de parecer informados, sea para bien o para mal. En mi caso, sí conozco al próximo ministro Aguilar, durante más de siete años me ha tocado estar de acuerdo y en desacuerdo con él en múltiples ocasiones. Esto, en mi representación de un cliente, pueblo y comunidad indígena al que he asistido como su abogado a lo largo de diez años.

Lo que puedo decirles es que se trata de un hombre reservado, serio y de pocas palabras. Servicial, sin duda, se da el tiempo de explicar su interpretación de la ley. Nunca le avasallan las prisas de la Ciudad de México. Férreo defensor de la autonomía indígena, al grado que se los recuerda constantemente a los mismos pueblos indígenas. No siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre hablamos con respeto. En las consultas de impacto social a los pueblos indígenas, sobre grandes proyectos, públicos o privados, mi experiencia ha sido positiva. Veo muchas novelas al respecto, pero no encuentro críticas concretas, salvo las relacionadas con el Tren Maya. En todo caso, me parece la mejor opción para presidir la Corte, de entre los ministros electos.

Facebook: Chuy Ramírez

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Es licenciado en Educación con Maestría en Desarrollo Organizacional por la UdeM. Maestría en Psicopedagogía Clínica en España. Cuenta con doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas y estudios de Postrgrado en Educación, género, aprendizaje y cerebro en el programa de Velma Smichdt por la Universidad del Norte de Texas.

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