Nunca ha habido un ejemplo de corrupción presidencial como este

Por El Comité Editorial, The New York Times.

¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante y amenazante para el orden constitucional? Desde luego, no en los tiempos modernos. El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes para crear un fondo de enriquecimiento político de 1.800 millones de dólares. Aunque supuestamente fue creado para compensar a quienes, según el departamento, han “sufrido la instrumentalización y la persecución de la ley”, en realidad recompensará a leales dispuestos a desafiar la ley y cometer actos violentos en nombre del presidente.

El fondo consigue combinar tres de los comportamientos más alarmantes de Trump. Uno, es una forma evidente de corrupción, procedente de un presidente que ha utilizado su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus aliados. Dos, el fondo continúa su patrón de uso del Departamento de Justicia como ejecutor para castigar a quien considera sus adversarios y proteger a sus amigos y aliados. Tres, el fondo es su último intento de reescribir la historia sobre las elecciones de 2020 y el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

Vale la pena hacer una pausa para situar el fondo en el contexto más amplio del proyecto político de Trump: está destruyendo pilares de la democracia estadounidense para consolidarse en el poder. Sostiene que las elecciones solo son legítimas cuando él gana. Utiliza las fuerzas de seguridad federales para investigar y perseguir a sus supuestos enemigos. Expulsa de su partido a los dirigentes que se atreven a desafiarlo. Califica a los miembros del otro partido y de la sociedad civil de traidores y enemigos. Incentiva a sus partidarios a infringir la ley en su nombre y los recompensa cuando lo hacen. Ordena a sus aliados que cambien las reglas electorales para mantener a su partido en el poder.

El proyecto de Trump aún no ha triunfado, al menos no del todo. Muchos estadounidenses –en el sistema judicial, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en otros lugares– siguen defendiendo la democracia y oponiéndose a sus ambiciones autocráticas. A estas alturas, sin embargo, nadie debería hacerse ilusiones sobre lo que intenta hacer.

La existencia del fondo es una historia de autogestión política. Es nominalmente el producto de una endeble demanda personal que Trump presentó este año contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en español), organismo que él supervisa, por la filtración de sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato. Esa demanda dio lugar a una negociación absurda, en la que los abogados de una parte representaban a Trump, el ciudadano, y los de la otra, a Trump, el presidente.

Para mayor absurdo, los abogados del gobierno dependían de Todd Blanche, el fiscal general en funciones, quien anteriormente había trabajado como abogado personal de Trump. Una juez federal de Miami que ayudaba a supervisar el caso, Kathleen Williams, señaló que las dos partes no eran adversarias, lo que ponía en duda el proceso. Incluso Trump reconoció la situación poco después de presentar la demanda al decir: “Se supone que tengo que llegar a un acuerdo conmigo mismo”.

Aun así, las conversaciones siguieron adelante porque el Departamento de Justicia de Trump estaba al mando. Como era de esperar, desembocaron en un acuerdo extremadamente favorable para él.

A cambio de que el presidente retirara la demanda contra el IRS, tanto él como sus partidarios recibirán beneficios financiados por el Estado. Para Trump, la ayuda viene en forma de permiso para haber eludido impuestos. El gobierno le ha concedido a Trump y a su familia inmunidad frente a las continuas auditorías de sus pagos de impuestos. Según los expertos, tiene un largo historial de maniobras contables cuestionables, y las auditorías podrían haberle costado más de 100 millones de dólares. Ahora no le costarán nada.

Para sus partidarios, las dádivas procederán de una caja negra. El Departamento de Justicia recurrirá a una fuente permanente de ingresos que el Congreso creó en 1956, conocida como Fondo de Sentencias, destinada originalmente a resolver demandas contra el Gobierno federal. Como señaló Paul Figley, antiguo funcionario del Departamento de Justicia, el nuevo fondo parece legal pero contrario a la intención del Congreso. “Es una política horrible”, dijo Figley a El Times.

El departamento ha destinado 1800 millones de dólares a lo que denomina, en un alarde orwelliano, Fondo contra la instrumentalización, y ha invitado a presentar solicitudes a quienes hayan sido objeto de ataques por “motivos políticos, personales o ideológicos”. Blanche –que mantiene su cargo de fiscal general en funciones en gran medida por su disposición a utilizar el poder federal al servicio de los caprichos personales de Trump– nombrará una junta de cinco miembros, y los líderes del Congreso podrán opinar sobre uno de los cinco. Trump puede despedir a cualquiera de los miembros en cualquier momento.

Para entender quién probablemente recibirá pagos, basta con observar quiénes ya han recibido anteriormente acuerdos del Departamento de Justicia. Michael Flynn, quien fue brevemente asesor de seguridad nacional de Trump en 2017, recibió 1,25 millones de dólares, a pesar de que se declaró culpable de mentir a agentes del FBI. La familia de Ashli Babbitt, que participó en los disturbios del 6 de enero, y a quien agentes federales dispararon cuando ella y otros se acercaban al hemiciclo de la Cámara de Representantes, recibió casi 5 millones de dólares, a pesar de que los investigadores exculparon a los autores de los disparos. El gobierno de Trump está pagando a quienes cometieron actos violentos y delitos, siempre que sean sus aliados.

El calendario del fondo es la clave de cómo Trump planea usarlo. El Departamento de Justicia dijo que el fondo dejaría de procesar las reclamaciones el 15 de diciembre de 2028, semanas antes de que el presidente abandone el cargo, asegurándose de que el dinero se distribuya mientras él todavía tiene el poder de despedir a quien se oponga. El plazo coincide exactamente con la duración de la autoridad de Trump.

Incluso algunos de sus defensores habituales están descontentos. El senador John Thune, republicano de Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo mansamente que “no era muy partidario” del fondo. Brian Morrissey, consejero general del Departamento del Tesoro, renunció a las pocas horas del anuncio, siete meses después de que el Senado lo hubiera confirmado.

Ofrecer sobornos es solo una parte de la cuestión. Otra, según Blanche, es “garantizar que esto no vuelva a ocurrir”. ¿Qué es exactamente “esto”? La aplicación ecuánime de la ley.

El gobierno de Trump ya ha despedido a agentes federales que cumplieron con su deber al investigar los intentos del presidente de anular las elecciones de 2020. Trump ha concedido clemencia general a más de 1500 alborotadores del 6 de enero, algunos de los cuales ahora podrían recibir pagos. Su Departamento de Justicia consiguió que James Comey, el exdirector del FBI, fuera imputado por cargos dudosos como retribución por su papel en la investigación de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia en 2016. El fondo continúa el esfuerzo por convertir la aplicación de la ley en una herramienta de poder político bruto.

El fondo también fomenta la anarquía futura en nombre de Trump. Envía el mensaje de que utilizará su poder no solo para proteger de la rendición de cuentas a quien infrinja la ley, sino también para colmarles de beneficios. Así como el castigo es un elemento disuasorio, las recompensas son un incentivo.

Después de los abusos del presidente Richard Nixon en el escándalo Watergate, el Congreso y el poder ejecutivo construyeron normas y tradiciones para garantizar que las agencias federales, especialmente el Departamento de Justicia, operaran en el interés público, y no en el del presidente. Trump ha intentado desmantelar este sistema. Una vez que se haya ido, habrá que reconstruirlo, y mejor que antes. Ha expuesto y explotado sus defectos y lagunas. A menos que se subsanen, la corrupción y la perversión de la justicia de Trump corren el riesgo de convertirse en la norma.

Mientras tanto, los estadounidenses deberían tener claro lo que está haciendo el presidente. Está tomando su dinero para repartirlo entre delincuentes. c. 2026 The New York Times Company.