Paro judicial: un hecho inédito y preocupante

En el primer minuto de hoy inició una actividad que ninguna generación anterior de mexicanos había atestiguado en los dos siglos previos: un paro de actividades de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, en protesta por la posibilidad de que sea concretada, en las próximas semanas, la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A primera vista −y ello ha sido utilizado por el propio titular del Ejecutivo para minimizar el hecho− se trata de un paro que no afecta el desarrollo de las actividades cotidianas de nuestras comunidades y que podría ser visto como un evento que atañe solamente a quienes laboran en los juzgados y tribunales federales.

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Pero no es así. Se trata de un evento con un profundo significado en términos de la vida democrática del país, porque es el episodio de mayor tensión que hemos vivido, en toda nuestra historia republicana, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Y es que la propuesta de reforma que hoy se discute en el Poder Legislativo y tiene como núcleo la propuesta de que los juzgadores federales y locales, así como los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, sean electos por voto popular, es apenas la última estación de un largo proceso de ruptura de la convivencia institucional.

En efecto, prácticamente desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador ha mantenido una posición de confrontación hacia el Poder Judicial y quienes lo integran, lo que ha implicado caracterizar a los responsables de impartir justicia como individuos corruptos.

Las expresiones utilizadas por el mandatario no han sido metáforas, sino señalamientos y acusaciones específicas que no dejan lugar a la interpretación. El Poder Judicial “está podrido, dominado por la corrupción”; se trata de un poder que está al servicio de la oligarquía o que solamente responde a los intereses de “los conservadores”, son algunas de las caracterizaciones que al respecto ha formulado.

La narrativa construida a lo largo del sexenio sirve hoy de telón de fondo para empujar una reforma constitucional que se pretende concretar antes de que concluya el sexenio, el último día de septiembre próximo. La reforma implica despedir −literalmente− a todos los impartidores de justicia que hoy laboran en todo el país.

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Sin duda tenemos un problema de impunidad, de justicia que no está al alcance de todos y de corrupción. Y se trata de un problema que es preciso atender y resolver. Pero muy pocas voces, entre quienes pueden considerarse especialistas en el tema, consideran que la forma en la cual se está planteando afrontarlo sea la adecuada.

En ese contexto, hoy asistimos a la primera de un número indefinido de jornadas en las cuales, salvo casos urgentes, el sistema de justicia federal estará paralizado, con todo lo que ello implica. La incertidumbre que tal circunstancia plantea debe preocuparnos a todos y conducirnos a involucrarnos en la discusión del tema.