Pasta de Conchos: ¿se vislumbra la justicia?

El Gobierno de la República confirmó ayer la especie que circuló desde la tarde del pasado martes en el sentido de que los trabajos de rescate que se realizan en la mina Pasta de Conchos, colapsada por una explosión hace más de 18 años, arrojaron como resultado la localización de los primeros restos humanos en el lugar.

El hallazgo se realizó en un espacio donde, de acuerdo con las bitácoras del día de la tragedia, se encontraba un grupo de 13 mineros y hará falta que se realicen pruebas de laboratorio para que se defina si los restos pertenecen a una o más personas.

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El hecho ha sido recibido con alivio por parte de los familiares de las víctimas, pero también con una dosis de escepticismo porque, al menos para una parte de los deudos, la localización de los restos de sus familiares no es la única finalidad de su reclamo, sino la posibilidad de que tal hecho abra la puerta a la justicia.

Y es que, como se ha documentado en forma abundante, la explosión ocurrida en la mina fue producto de una cadena de negligencias y errores, tanto de la empresa responsable de la explotación, Minera México, como de autoridades gubernamentales de diversos órdenes.

Más como un pretexto burocrático que como una restricción jurídica, en este y otros casos se ha esgrimido, por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia, que la ausencia de los cuerpos imposibilita la integración de los expedientes penales y por ello la localización de los restos es vista como un elemento indispensable para que se haga justicia.

Es preciso decir, por ello, que este primer hallazgo no implica la conclusión de los trabajos de búsqueda, ni abre necesariamente la puerta a la realización de peritajes que permitan reconstruir, más allá de cualquier duda razonable, la cadena de sucesos que desembocó en la tragedia.

La identificación de los restos localizados permitirá, en alguna medida, que una o varias familias puedan cerrar el ciclo de duelo en que se mantienen desde hace casi dos décadas, pero incluso ello podría ocurrir solamente de forma parcial.

Todas estas circunstancias obligan a poner sobre la mesa, una vez más, una discusión que se ubica alrededor de este caso y que implica cuestionar si no sería socialmente más útil que los inmensos recursos gastados en el actual proceso de búsqueda se invirtieran en proteger la vida de quienes, todos los días, siguen arriesgando su vida al trabajar en condiciones infrahumanas en la explotación de los yacimientos de carbón.

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Porque la mediatización de este caso y la atención que ha logrado atraer hacia la actividad carbonífera en Coahuila, no ha impedido que nuevas tragedias se registren allí mismo. Y eso ha ocurrido por una sola razón: las condiciones en las cuales se extrae el carbón no han cambiado prácticamente en nada.

Resulta por ello obligado cuestionar cuál sería la realidad de la Carbonífera si, con la misma intensidad y con los mismos recursos que se ha perseguido la localización de los restos de quienes infortunadamente murieron en este episodio, se protegiera la integridad de quienes están vivos y en riesgo.