Que actúen legisladores como borregos enajenados en la manada puede tener consecuencias, como ayer en la Suprema Corte de Justicia, que al votar en contra del Plan B de la reforma electoral, pintaron a la coalición gobernante en la Cámara de Diputados como ignorantes, en el mejor de los casos, o atrabiliarios sin importar que violaran la ley y se convirtieran en pilar del autoritarismo antidemocrático. Fue una mala tarde para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ocurrió el plan con el que quería violar la ley, pero fue pésima para las bancadas de Morena, el PT y el Partido Verde, que bailaron al ritmo impuesto desde Palacio Nacional, sin importar las consecuencias a su investidura.
No es que haya sido una sorpresa lo que hicieron, pues desde hace tiempo hemos visto la sumisión de las y los diputados ante su jefe político y administrador de sus conciencias, pero la forma como en la Corte se fueron detallando sus abusos, chicanas, deseaseo y marrullerías, dejó exhibida a la bancada del partido gobernantes que sacrificó todo por obedecer ciegamente a López Obrador, que hasta el último minuto quiso descarrilar a la Corte. Primero quería eliminar al ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del dictamen, de la discusión −y tener un ministro menos en contra−, y luego la Consejería Jurídica de la Presidencia, en una aberración jurídica y con una ignorancia supina, señaló que si la Corte invalidaba la primera parte del Plan B, supliría de manera ilegal al Congreso.
Nada de esto pasó. Se impuso la ley y la Constitución en una sesión que dejó exhibidos a los legisladores, acompañados en la ignominia por las dos ministras lopezobradoristas, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Los nueve restantes ministros y ministras, uno a uno, fueron exponiendo lo que consideraban habían hecho las y los legisladores de la coalición gobernante con una reforma tramitada en fast track el pasado 6 de diciembre, llevándose menos de 24 horas entre que envió el Presidente la iniciativa, la adoptó como suya Morena −que no es ilegal−, se saltó todos los trámites para correr a la velocidad que les exigió Palacio Nacional, no la distribuyó entre las bancadas de la oposición y la aprobó.
El dictamen del ministro Pérez Dayán proponía invalidar el decreto de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que se encuentran contenidas en la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, por considerar que violaban los procedimientos legislativos y la discusión democrática. Las y los ministros fueron describiendo lo que hizo la mayoría en el Congreso, desnudando inopinadamente su accionar, su actitud y su subordinación al Ejecutivo.
“El decreto (presidencial) se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas y no tuvieron tiempo para analizarlas”, dijo la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien durante semanas ha hostigado e insultado el Presidente, linchado en las redes controladas por su vocero, injuriado su equipo de intelectuales orgánicos y presionado con un plantón frente al edificio que la alberga, donde han colocado carteles donde le dicen “ministra corrupta piña podrida” y quemado su efigie. La Corte, salvo las dos cortesanas referidas aquí, resistieron la coacción y la cruzada para aplastarla y que hicieran lo que López Obrador quería. Incluso, el ministro Arturo Zaldívar, que en los últimos votos se ha inclinado hacia la posición del Presidente, no pudo ir en contra del dictamen.
“Francamente, es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión”, señaló Zaldívar al referirse a que no le entregó la bancada de Morena la iniciativa. “Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento, todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió”.
“No respetar estas reglas”, agregó el ministro Luis María Aguilar al hablar del procedimiento legislativo, “es una deslealtad institucional y un desdén a las minorías parlamentarias, que también representan a un sector del pueblo de México”. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apuntó: “se violentaron los principios de deliberación democrática. No existió una deliberación democrática real y de fondo”.
Las bancadas de Morena, el PT y el Verde escondieron la iniciativa a la oposición, en una acción que sólo puede entenderse como la forma en que evitaron que se discutiera, que se alargara la sesión y que no saliera en los tiempos que deseaba López Obrador. El Presidente quería la nueva ley electoral para que se pudiera aplicar en las elecciones presidenciales de 2024, y aunque el voto no fue al fondo −si el Plan B es constitucional o no− y sólo se refería al procedimiento legislativo, podría reenviar su iniciativa, aunque probablemente por los tiempos, no alcance a ser debatida y aprobada para junio del próximo año.
Los caprichos presidenciales se toparon con un muro jurídico. No se puede estar violentando la ley todo el tiempo. El espíritu autoritario de López Obrador no permite consejos que le eviten llegar a estos extremos, como debió haber hecho la Consejería Jurídica de la Presidencia en lugar de hacer el ridículo como lo hizo al acusar a la Corte de querer asumir funciones legislativas, o como debió haber sido responsabilidad de los líderes de Morena y la coalición gobernante en San Lázaro, para explicarle que tenían que procesar el Plan B con otros tiempos y formas para llegar a lo mismo, pues tenían los votos necesarios para alcanzar el objetivo, pero sin violentar la ley.
Nada de esto sucedió. El Presidente perdió, pero desde hoy habrá que esperar la nueva ronda de acusaciones contra la Corte, las descalificaciones personales y la escopeta para dispararle a cualquiera que no se haya hincado ante sus deseos. Las bancadas de Morena, el PT y el Verde pasarán como lo que son, empleados de segundo nivel del Presidente, carentes de ética institucional y vergüenza. Creen que lo que hicieron se olvida, pero están muy equivocados. Ya lo verán.
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