Poder Judicial en la mira presidencial (parte 2)

En este mismo espacio lo adelantamos entregas atrás: el Poder Judicial de la Federación se colocó en la mira del titular del Ejecutivo y nada ni nadie hará que tal circunstancia desaparezca. A la institución de marras no se le perdona el hecho de privilegiar su autonomía al no someterse a los designios presidenciales; echar abajo el llamado Plan B en contra del INE fue la gota que derramó el vaso.

A través de una certera orden, salida de la principal oficina de Palacio Nacional y seguida a pie juntillas por las y los diputados del oficialismo, se fraguó el encarnizado ataque vía estrangulamiento presupuestal. El 17 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para eliminar 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial; con el voto a favor de 259 legisladores de los 465 presentes en la sesión, tomó forma el golpe sin precedentes a la división de poderes y a la independencia del órgano encargado de impartir justicia en el ámbito federal.

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So pretexto de suprimir privilegios, reducir el gasto, transparentar el uso de los recursos y redireccionar los dineros para apoyar a quienes más lo necesitan, las huestes presidenciales no tuvieron empacho en dar el visto bueno a un dictamen que, en principio, afectaría a los más de 53 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación; luego, habrá de impactarnos a todas y todos los mexicanos. Al respecto, resulta indispensable aclarar que una buena parte de los fondos señalados se utilizan para completar el pago de derechos laborales y sociales de los empleados, incluyendo conceptos como pensiones, salud, vivienda y retiro; de hecho, más del 60 por ciento de las prestaciones que se pagan con estos recursos corresponden al personal operativo del Poder en mención.

Más allá del desaseo en el proceso por el cual se aprobó la iniciativa, debido a la falta de intervención de la Comisión de Justicia o de que el dictamen se haya motivado en supuestos subejercicios, cuando estos son técnicamente imposibles tratándose de fideicomisos, llama poderosamente la atención el origen de los recursos que pretenden ser transferidos al control del Ejecutivo, pues una buena parte de estos proviene de las contribuciones de los mismos trabajadores, es decir, no se trata de dinero público. Por otro lado, ninguno de los fondos afectados se destina para cubrir las prestaciones de los 11 ministros en activo y los 22 en retiro; dicho de otra forma, el castigo del mandatario nacional dirigido a quienes integral el máximo tribunal del país, en realidad perjudicaría terriblemente a los mandos medios y personal operativo y no a los destinatarios originales.

¿Qué viene después?, se preguntará mi amable y única lectora. El referido dictamen pasará como minuta al Senado de la República en donde seguramente seguirá la misma suerte y será aprobado en sus términos por la mayoría morenista. Más tarde, las y los legisladores de oposición plantearán la defensa del órgano de justicia mediante la promoción de una acción de inconstitucionalidad, misma que corresponderá resolver precisamente a la Suprema Corte; ello, generará toda suerte de especulaciones por el aparente conflicto de intereses que representa. Lo anterior producirá el escenario perfecto para reiniciar la andanada de ácidas críticas al Poder Judicial de la Federación, recetadas desde el estrado mañanero. Así, la campaña negativa en contra del impartidor de justicia convertirá a la institución de marras en el nuevo enemigo del pueblo bueno y sabio, como hasta hace muy poco tiempo lo era el INE, precisamente por las mismas razones.

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Aquí en confianza, la narrativa a través de la cual se busca crear una marcada división entre el pueblo y el “antipueblo” ha resultado tremendamente efectiva para el actual régimen. Así, el “enemigo” puede tomar diferentes formas; lo mismo puede ser un segmento poblacional (los adinerados o los aspiracionistas), un grupo de personas (los empresarios, académicos o reporteros no alineados) o una institución (el INE o el PJF, según convenga). Luego, corresponde al líder alimentar el odio del pueblo hacia el contrario, evidenciándolo como culpable de todo cuanto nos aqueja. La fórmula polarizadora ha sido aplicada con éxito en recurrentes ocasiones; ejemplos los hay y muchos.

Habrá que reconocerlo, al gobernante en turno no le irritan los supuestos privilegios de los ministros y jueces, sino la autonomía mostrada por un órgano distinto al que él encabeza; por ello debemos preguntarnos, ¿la revancha en contra del Poder Judicial se trata realmente de un asunto de “austeridad republicana” o estamos cayendo de nueva cuenta en el perverso juego del “enemigo del pueblo”? Es pregunta.

Nota: Lo antes expuesto representa la opinión personal del autor