Políticas de medicina preventiva: ¿existen más allá del nombre?
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En materia de salud -como en muchas otras áreas- la prevención es la mejor política pública posible. Pero, a pesar de que la idea es repetida a cada momento, la prevención sigue estando ausente en México
La prevención, lo dicen especialistas en cualquier fenómeno que genera resultados indeseables en la vida social, es la mejor ruta para enfrentar dichos resultados. Por desgracia, entre el señalamiento y la acción suele existir un abismo de distancia y eso implica pagar costos muy elevados.
Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el reporte que publicamos en esta edición, relativo al costo que implica la atención de pacientes que sufren complicaciones derivadas de la diabetes, una de las enfermedades crónico-degenerativas de mayor incidencia entre la población mexicana.
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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el costo de las consultas, medicamentos, estudios de laboratorio, tratamientos especializados, cirugías o traslados que requiere un paciente diabético descompensado implica, para la delegación Coahuila del Instituto, alrededor de 285 mil pesos anuales.
En la cifra anterior, sin embargo, solamente se contemplan los pacientes que deciden someterse a los tratamientos que conlleva el padecer secuelas derivadas del citado padecimiento y que, según el propio Instituto, son solamente la quinta parte del total.
En otras palabras, si el total de derechohabientes diabéticos que se encuentran en situación de descompensación, y que el año pasado superó las 200 mil personas en Coahuila, se acogieran al seguimiento que la ciencia médica prescribe para sus casos, el gasto que el IMSS realiza en estos casos debería multiplicarse al menos por cinco.
Pero hasta aquí estamos hablando solamente del costo económico que, siendo importante, no es el más relevante en estos casos, pues los pacientes diabéticos que sufren descompensación corren el riesgo de sufrir amputaciones, perder la vista o requerir trasplantes de órganos.
Cualquiera de los hechos anteriores implica una disminución relevante de su calidad de vida y un impacto inmediato en las dinámicas de sus familias que, a partir de tales circunstancias, deben destinar tiempo y recursos adicionales a la atención de un paciente con problemas particulares.
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La pregunta que resulta obligado realizar es ¿por qué los costos de enfermedades mal atendidas se multiplican pese a que, al menos en la mayoría de los casos, las complicaciones señaladas podrían evitarse?
La respuesta es simple de articular pero muy difícil de entender: porque la prevención sigue sin ser una asignatura que nos tomemos en serio en México y por ello un padecimiento que, siendo grave, permite sostener una calidad de vida aceptable, termina convirtiéndose en una historia trágica.
Es verdad que los principales responsables de la salud propia somos nosotros mismos, pero las políticas públicas en materia de salud no pueden obviar el hecho de que la ausencia de estrategias de prevención está provocando costos adicionales que pagamos todos.
Por ello, prevenir tiene que convertirse -y entre más pronto, mejor- en un verbo que conjuguemos en presente y en una meta indispensable en materia de salud.
Encuesta Vanguardia
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