ASE: el problema no se arregla con multas

La historia es recurrente: la Auditoría Superior del Estado fiscaliza el ejercicio de recursos públicos, realiza múltiples observaciones a los sujetos obligados, emite un informe en el que detalla las “violaciones normativas” cometidas por aquellos y finalmente amenaza con emprender “acciones legales” en su contra… para terminar siempre en el mismo punto.

¿Cuál es éste? Que nadie —o casi nadie— corrige su conducta sino que se instala cómodamente en el territorio de la impunidad.

Frente a tal realidad solamente caben dos hipótesis: o la ASE realiza mal su trabajo —y los sujetos obligados lo saben— o la existencia de tal órgano fiscalizador es absolutamente inútil porque, sin importar lo que se diga desde el despacho de Armando Plata Sandoval, los individuos que tienen a su cargo el presupuesto público hacen exactamente lo que les viene en gana con éste.

En cualquiera de los dos casos, el resultado es exactamente el mismo: los ciudadanos no obtenemos ningún beneficio de la existencia de un organismo teóricamente dedicado a fiscalizar los recursos públicos y a obligar con ello al comportamiento honesto de los funcionarios.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que la Auditoría Superior del Estado impuso un total de 18 multas a sujetos obligados que incumplieron con la presentación de información financiera de la cuenta pública de 2016, pero a la fecha solamente tres de ellos han cubierto la sanción.

En el extremo, el Presidente Municipal y el Tesorero del Municipio de Jiménez acumulan tres multas entre ambos, mismas que no han considerado necesario cubrir, seguramente porque están conscientes de que nada les va a pasar de aquí al último día de diciembre, cuando entregarán la estafeta a la siguiente administración municipal.

En similar circunstancia se encuentran los gerentes de los Simas de Morelos y San Pedro; la tesorera de San Buenaventura, el director de la Comisión de Vivienda y funcionarios de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe y de la Universidad Tecnológica de Saltillo, entre otros.

¿Por qué no sienten estos funcionarios la necesidad de cubrir las multas que les fueron impuestas derivado de su incumplimiento? Resulta difícil pensar que se trata de funcionarios “particularmente desvergozados”, pues el número de sujetos sancionados hace pensar más en una tendencia que en hechos aislados.

Y es que en todos estos casos nos encontramos ante un incumplimiento doble: primero dejaron de cumplir con la obligación de proporcionar información financiera -a cuya entrega están obligados- y después se han hecho “de la vista gorda” en el pago de la sanción que sobrevino a dicha falta.

¿De qué han servido entonces todos los “dientes” que se le han colocado a la Auditoría Superior del Estado en los años recientes? Si los funcionarios públicos no solamente siguen incumpliendo con sus obligaciones, sino que se burlan de la ASE luego de ser sancionados por esta, lo mismo daría que dicha institución no existiera, pues lo único que hace es agregarle costo a la burocracia ineficaz.