Más y mejor seguridad y justicia penal

La seguridad y la justicia en México deben mejorar y está clara la vía para conseguirlo. La democracia es la única ruta; sólo con ella es posible lograr prosperidad con equidad, seguridad con legalidad y justicia con paz. Emprendida hace nueve años, la transformación del sistema de justicia penal avanza en la dirección correcta, aunque la sociedad exige, con razón, más y mejores resultados, por lo cual resulta indispensable acelerar y profundizar el proceso reformista.

Como se previó desde que iniciamos su implementación, al poner en operación el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) han emergido deficiencias pero, con ánimo constructivo, también surgen con claridad ventanas de oportunidad y nuevos desafíos.

Con motivo del primer año de vigencia plena del nuevo sistema en todas las entidades del país, recientemente han surgido críticas, comprensibles aunque, como se podrá observar, injustificadas.

Así por ejemplo, se equivocan quienes argumentan que el NSJP establece una especie de “puerta giratoria” para que los presuntos delincuentes salgan de prisión a seguir delinquiendo. Los datos confirman que eso no es cierto; de acuerdo con la “Open Society Initiative Justice”, y “Documenta”, la población penitenciaria se ha duplicado en los últimos nueve años, la mitad, como resultado del dictado de prisión preventiva; sin embargo, la incidencia delictiva no cesa de crecer y la percepción de inseguridad aumentó 73%, según el Inegi. Esto significa que la prisión preventiva oficiosa —resabio del antiguo sistema de justicia— no garantiza la seguridad. A lo anterior, habría que agregar que, afirmar que los 12 mil liberados en la Ciudad de México sean los mismos que cometieron nuevos delitos, es una suposición aventurada, por no decir, irresponsable.

Con las anteriores y otras realidades que han surgido de la implementación del NSJP, se abre con claridad la ruta de su perfeccionamiento que debemos seguir a efecto de cancelar toda tentación regresiva.

Expertos y organizaciones académicas y sociales han planteado alternativas que vale la pena estudiar, en su mayoría enfocadas en mejorar cualitativamente hablando, la capacitación de todas las autoridades responsables del sistema, desde los policías, hasta los responsables de la reinserción social, pasando por los fiscales o ministerios públicos, peritos, defensores y autoridades judiciales.

Avanzando en esa ruta, será posible que la prevención de las conductas delictivas sea más pertinente, la investigación de los delitos sea más eficaz, los juicios sean más breves y justos, y la compurgación de penas menos costosa y más benéfica para la sociedad.

En suma que, quien viole la ley penal sea ejemplarmente castigado y que todos vivamos con certidumbre y en paz.

Coordinador de los diputados federales del PRI
@CCQ_PRI