Órganos autónomos: ¿para qué usan la autonomía?

A partir de la crisis institucional que generaron los resultados electorales de 1988, cuya legitimidad hoy se sigue discutiendo, en México inició un periodo tendiente a “desvincular” del Poder Ejecutivo una serie de funciones para encomendárselas a organismos “autónomos”.

La idea detrás de la creación de tales organismos era revertir el proceso de corporativismo que el País había vivido durante el “régimen de partido hegemónico”, creando instituciones que –al menos en teoría– no respondieran a la voluntad del Presidente en turno.

Y se quería tal propósito, no solamente porque se partió de la idea de que la voluntad del mandatario estaba necesariamente afectada por sus intereses personales y partidistas, sino porque se consideró que la creación de un ente “autónomo” implicaba que este actuara de acuerdo con los intereses ciudadanos.

De este impulso renovador del espíritu corporativista nacieron, en un primer momento, instituciones como el IFE –hoy INE– y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el impulso para dotar de plena autonomía al Banco de México. En una etapa posterior surgirían el INAI y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tales instituciones –con excepción de Banxico– han tenido réplicas en los estados, bien porque las entidades de la República decidieron replicar la legislación federal o bien porque se expidieron leyes generales que obligaron a contar con instituciones similares a nivel local.

Los propósitos y las premisas a partir de las cuales dichas instituciones se crearon fueron, desde luego, los mismos que a nivel central: poner en manos de una institución “autónoma” tareas que se consideran trascendentales para la buena marcha de la vida colectiva.

Conviene recordar las razones históricas por las que en México se ha decidido crear instituciones autónomas, porque tales razones proporcionan una lectura matizada del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la evaluación que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) ha realizado sobre la forma en la cual las instituciones autónomas de Coahuila elaboran y ejercen su presupuesto.

La conclusión no podría ser más desalentadora: de acuerdo con el Índice de Evaluación del Proceso Presupuestal, desarrollado por la ASEC, los principales entes autónomos del estado –UAdeC, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral, ICAI y Tribunal Electoral– tienen prácticas de diseño y ejercicio presupuestal “reprobables”.

¿Quiere decir esto que nos equivocamos al considerar que encomendar tareas clave del desarrollo colectivo a entes autónomos garantizaría mejor que las metas relacionadas con dichas tareas se cumplieran y, además, que tal cumplimiento fuera de calidad?

Al menos en lo que hace al diseño, ejercicio y registro del gasto público pareciera que sí, pues de los entes autónomos evaluados el que mejor desempeño tiene –la Comisión de Derechos Humanos– apenas llegó a un 59 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones en este sentido.

Y si en materia de diseño y ejecución del presupuesto andan así, no existen razones para albergar esperanzas de que el resultado integral de su trabajo sea digno de elogio.