Poder Legislativo: ¿será un contrapeso?
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Una de las garantías más importantes del sistema democrático es el diseño gubernamental de la división de poderes. En otras palabras, la posibilidad de que formemos parte de una democracia descansa en el hecho de que el poder público no resida en una sola persona.
En esencia, la división de poderes constituye la diferencia fundamental entre la monarquía y la democracia. Como se sabe, en el primer caso el poder lo ejerce por completo un sólo individuo, mientras que en el segundo, éste se encuentra distribuido a lo largo y ancho de un entramado institucional.
Lo anterior, por supuesto, es sólo teoría que no necesariamente se refleja en la realidad, particularmente en aquellas sociedades que no han logrado transitar de la democracia puramente procedimental a la democracia sustantiva, es decir, a aquella en la cual la realidad se acerca más a la teoría.
Muchos son los obstáculos que han impedido a países como el nuestro un ejercicio democrático real en el día a día de nuestra realidad colectiva. Todos tienen que ver, por supuesto, con la calidad de los actores políticos que participan en la lucha por el poder.
En este sentido es necesario tener claro que no es la ausencia de circunstancias propicias lo que impide ir más allá de lo puramente procedimental en materia del ejercicio democrático del poder.
Un buen botón de muestra en este sentido lo tendremos durante los siguientes tres años –comenzando el primer día de enero de 2018– cuando la nueva Legislatura del Congreso de Coahuila se integre y los coahuilenses asistamos, por primera ocasión en la historia, a la integración de un Poder Legislativo sin mayoría absoluta de ningún partido.
Varias circunstancias se actualizarán a partir de la nueva conformación del Congreso local:
La primera de ellas –y probablemente la más importante– es que ninguna fuerza política tendrá los votos suficientes como para realizar modificaciones a la legislación de Coahuila por sí sola y, mucho menos, para modificar la Constitución del Estado.
La segunda es que el control administrativo del Congreso tampoco recaerá en un sólo partido, sino que las tres fuerzas con mayor presencia deberán compartir, a lo largo de la Legislatura, dicha responsabilidad.
Una tercera circunstancia es que el diseño presupuestal del Estado podría sujetarse, por primera ocasión, al mecanismo de pesos y contrapesos que supone la división de poderes y eso implica la posibilidad de un ejercicio democrático del dinero público.
La gran pregunta, por supuesto, es si los integrantes de nuestra clase política estarán a la altura de las circunstancias; si serán capaces de aprovechar la oportunidad que el electorado les ha brindado para aproximar la teoría de la democracia a la práctica cotidiana del ejercicio del poder.
Por desgracia, la experiencia reciente aconseja no ser optimistas: la realidad que comenzaremos a vivir en Coahuila a partir del 1 de enero de 2018 es exactamente la misma que el País ha vivido desde septiembre de 1997, cuando el Poder Legislativo federal dejó de tener mayoría absoluta de un sólo partido.